El esperado registro horario digital que impulsa Yolanda Díaz para todas las empresas en España no solo genera dudas técnicas y falta de acuerdo político, sino que podría no entrar en vigor en 2026 y retrasarse incluso hasta 2027, lo que aliviaría la presión sobre autónomos y pymes.
El control horario digital: de 2026 a quizás 2027
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene su intención de aprobar una nueva norma que reforme el registro horario obligatorio para las empresas, obligando a que sea digital y esté conectado en tiempo real con la Inspección de Trabajo. La idea era que esta obligación entrara en vigor a principios de 2026, pero cada vez son más las voces que ponen en duda ese calendario.
La razón es sencilla: falta consenso político, problemas técnicos, resistencia del tejido empresarial e incluso precedentes recientes como el aplazamiento de Verifactu, que han demostrado que las fechas iniciales pueden modificarse cuando las condiciones no están maduras.
Falta de consenso político y retrasos regulatorios
Una de las causas más relevantes del posible aplazamiento es la falta de acuerdo entre los partidos políticos, incluso dentro de la propia coalición de Gobierno. A día de hoy, no existe ni un texto legal definitivo ni un calendario aprobado, lo que aumenta la incertidumbre entre empresas, autónomos y proveedores de software.
Los representantes políticos consultados prefieren no pronunciarse públicamente, lo que refuerza la idea de que el debate sigue abierto y no hay unanimidad sobre cómo y cuándo debe aplicarse esta reforma.
ATA y las patronales alertan de presión administrativa excesiva
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha sido rotunda: no existe una normativa cerrada ni un calendario oficial y, mientras tanto, los autónomos viven en un constante estado de incertidumbre. Su presidente, Lorenzo Amor, ha afirmado que los trabajadores por cuenta propia ya cumplen actualmente con el registro horario existente y que no es necesario multiplicar obligaciones burocráticas cuando las pymes ya están adaptadas.
Desde CEOE, la patronal empresarial, también critican la propuesta actual del control horario digital, alertando de que su implantación podría generar costes adicionales desproporcionados y impactos económicos negativos para sectores como transporte, agricultura o el marítimo, donde las realidades operativas son muy distintas.
Problemas técnicos y falta de preparación del tejido productivo
Los desarrolladores de software y expertos tecnológicos también ven probable el aplazamiento. Empresas como Adiss subrayan que los problemas no son solo tecnológicos, sino culturales y organizativos: muchas pymes no saben qué sistema implantar ni cuándo, y temen invertir en soluciones que podrían quedar obsoletas si la normativa cambia.
Además, representantes de compañías como Vodafone Empresas señalan que la falta de personal cualificado en las empresas complica aún más la implantación de sistemas digitales de registro horario.
Un precedente que pesa: Verifactu
El reciente aplazamiento de Verifactu, un cambio tecnológico importante también impulsado por la Administración, ha demostrado que cuando la implantación no está madura y presenta dificultades, las fechas previstas pueden cambiar. Esto se ha convertido en un precedente recurrente que ahora alimentaría la idea de retrasar el registro horario digital hasta que haya condiciones más favorables.
¿Un alivio para autónomos o más incertidumbre?
Para muchas pymes que ya han iniciado la transición hacia el control horario digital, un posible aplazamiento podría ser un respiro técnico y económico, permitiendo una adopción gradual y responsable de las soluciones. Sin embargo, los proveedores advierten que postergar indefinidamente tampoco es la solución, ya que mantener sistemas manuales o parciales puede generar problemas futuros cuando la obligación finalmente se aplique.
España más exigente que Europa
Expertos en regulación europea señalan que la Unión Europea no exige un registro exclusivamente digital. Otros países permiten registros en papel o sistemas internos, siempre que sean objetivos, fiables y accesibles. La propuesta española, en cambio, va más allá: plantea un modelo de control horario digital obligatorio, algo que elevaría las exigencias para las empresas en comparación con la normativa europea.
Conclusión: incertidumbre hasta 2027
El esperado control horario digital que prometía Díaz para 2026 se enfrenta a falta de acuerdo político, dudas técnicas, resistencia empresarial y precedentes de aplazamientos. Con todos estos factores sobre la mesa, cada vez más expertos, patronales y proveedores consideran realista que la entrada en vigor se retrase más allá de 2026, posiblemente hasta 2027, lo que supondría un alivio momentáneo para muchos autónomos y pequeñas empresas.
La clave ahora será que el Gobierno y los agentes sociales logren un texto claro, consensuado y viable antes de poner una obligación que transformará —y complicará— la gestión interna de miles de negocios.
