Consumo persigue anuncios de alquiler en zonas tensionadas
El Gobierno abre una investigación y apunta a portales y propietarios
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para perseguir y eliminar anuncios de viviendas en alquiler situadas en zonas declaradas tensionadas que se estarían ofreciendo con precios por encima de los fijados por ley. La actuación se centra en grandes tenedores y también en particulares que no indican en el anuncio cuál fue el precio del último contrato con el que se alquiló el inmueble.
Consumo advierte de que estas conductas podrían conllevar sanciones, en un movimiento que refuerza el giro intervencionista del Ejecutivo sobre el mercado del alquiler, con especial foco en la publicidad online y la responsabilidad de los intermediarios.
Qué exige la ley a los portales: más datos para justificar el precio
En las viviendas ubicadas en zonas tensionadas, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (aprobada en diciembre) obliga a los portales inmobiliarios a publicar información clara y accesible para que el consumidor sepa qué parámetros se han usado para justificar el precio ofertado. Entre esos datos figura la última renta del contrato anterior cuando el arrendador es un particular, o el índice de renta aplicable si se trata de grandes tenedores.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha remitido una carta a portales y asociaciones inmobiliarias detallando los cambios y recordando sus responsabilidades como intermediarios entre arrendadores y arrendatarios.
El trasfondo político: más control sobre el mercado en nombre de la ‘transparencia’
La investigación arranca tras detectar prácticas que podrían vulnerar las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial de alquiler en zonas tensionadas. En la práctica, el Gobierno eleva la presión sobre la propiedad y sobre las plataformas, trasladando parte del cumplimiento normativo al anuncio online: lo que antes era un dato contractual, ahora se convierte en un requisito informativo bajo amenaza de sanción.
Este enfoque abre un debate incómodo: si el problema del alquiler se resuelve con más inspección y más burocracia sobre el propietario y el portal, o si estas medidas terminan contrayendo la oferta y encareciendo aún más el acceso a la vivienda al dificultar la publicación y comercialización de inmuebles.
Precedentes: multas a Airbnb y retirada masiva de anuncios en Booking
No es la primera actuación de Consumo en el ámbito de vivienda y alquiler. En diciembre, impuso a Airbnb una multa de más de 64 millones de euros por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. Es la segunda sanción más alta en España tras la impuesta a Ryanair por 108 millones de euros.
Además, en junio de 2025 Booking eliminó más de 4 000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo. Meses antes, en marzo de 2025, el departamento identificó más de 15 000 pisos turísticos ilegales en Madrid y pidió al Ayuntamiento eliminar sus anuncios.
