Congreso frena la indemnización a Ábalos tras su renuncia
La Mesa se apoya en los letrados: estaba suspendido al dejar el escaño
La Mesa del Congreso desestimará este martes la petición del exministro y exdiputado del PSOE José Luis Ábalos, investigado en el caso Koldo, para cobrar una indemnización por cese tras renunciar a su acta de diputado.
Según ha informado RTVE, los letrados de la Cámara sostienen que la indemnización no procede porque Ábalos se encontraba suspendido en el momento de renunciar al escaño. El exministro y exsecretario de Organización del PSOE dejó el acta tras dos meses en prisión por el caso Koldo, a la espera de juicio.
El artículo 12 y el precedente: los suspendidos no cobraron
Ábalos solicitó la indemnización amparándose en el artículo 12 del reglamento de pensiones parlamentarias, que establece que quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y cesen en dicha condición tienen derecho a una indemnización por cese. Sin embargo, los letrados recuerdan que ningún diputado suspendido en el pasado percibió esa compensación.
Fuentes parlamentarias apuntan que esta indemnización busca evitar dificultades en la vuelta a la ocupación previa, ante la falta de cobertura por desempleo de los parlamentarios. Por eso, añaden, es incompatible con otros ingresos como una pensión de jubilación: indemnización y pensión no pueden combinarse porque iría contra la finalidad del propio reglamento.
Un nuevo foco de desgaste para el PSOE en plena causa Koldo
El caso vuelve a golpear la imagen de un PSOE que intenta marcar distancias, mientras los procedimientos avanzan. Ábalos está investigado por cinco posibles delitos: integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
Esta semana tiene la vista preliminar de una de las primeras piezas del caso, la relativa al presunto cobro de mordidas de obra pública en la compra de mascarillas durante la pandemia. Además, continúa investigado en otra pieza por presuntas irregularidades en contratos de obra pública, una causa en la que también figura imputado Santos Cerdán, su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del PSOE.
ANÁLISIS CRÍTICO
El debate de fondo no es técnico: es político e institucional. Mientras los ciudadanos afrontan reglas estrictas para acceder a ayudas o prestaciones, el Congreso se ve obligado a blindar su credibilidad recordando algo elemental: las indemnizaciones por cese nacieron para cubrir una transición laboral, no para convertirse en un colchón automático cuando un cargo público sale en medio de un escándalo. La decisión de la Mesa, si se confirma, actúa como un cortafuegos mínimo ante una opinión pública cansada de privilegios y de la sensación de impunidad en los casos que rozan al poder.
