En una decisión que ha sacudido los cimientos de la libertad de prensa en España, el periodista Vito Quiles —jefe de prensa de Alvise Pérez— ha sido expulsado del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una reforma impulsada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts y el PNV. ¿El motivo? Ser una voz incómoda para el Gobierno y sus socios parlamentarios.
El pretexto oficial para retirar su acreditación ha sido su supuesto comportamiento “provocador” en los pasillos del Congreso. Sin embargo, Quiles ha denunciado abiertamente que se trata de una represalia ideológica, diseñada para silenciar el periodismo crítico y convertir el Congreso en un espacio blindado a las preguntas incómodas.
“Decían que esto era una democracia…”, escribió el periodista en sus redes sociales tras conocer la medida, confirmando su expulsión y denunciando la censura institucional que, asegura, se orquesta desde Moncloa.
La reforma que dio paso a la censura
El cambio en el reglamento, votado el 8 de julio en un pleno extraordinario, permite a la Mesa del Congreso revocar acreditaciones a periodistas si considera que sus actos “promueven discursos de odio o intimidan a diputados”. Una norma ambigua y a juicio de numerosos juristas, peligrosa para la libertad de información.
Desde Vox, el rechazo ha sido frontal: califican la medida como un “atentado contra la libertad de prensa” y una muestra del “autoritarismo creciente” del Ejecutivo de Sánchez. El PP, en cambio, ha mostrado su incomodidad con la decisión pero ha optado por un perfil más bajo.
¿Periodismo libre o control total?
Vito Quiles sostiene que su trabajo ha consistido en mostrar lo que otros medios callan, fiscalizando a quienes ostentan el poder. Su expulsión, asegura, confirma el intento del Gobierno de controlar el relato informativo, eliminar las voces disidentes y blindarse frente al escrutinio periodístico.
“La izquierda habla de pluralidad, pero lo primero que hace es expulsar a los que no se arrodillan”, ha dicho Quiles, quien ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Mientras algunos aplauden la expulsión como un paso hacia un Congreso “más seguro”, otros la interpretan como el síntoma de una España cada vez más intolerante con el pensamiento divergente.
