La Justicia vuelve a señalar la gestión de fondos públicos en Andalucía: un ex responsable socialista acumula condenas por decisiones arbitrarias con dinero de todos.
Doble condena por desviar fondos públicos en el caso Invercaria
La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado dos nuevas sentencias contra Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de Invercaria —empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía—, por delitos de malversación y prevaricación.
Los hechos se remontan al periodo 2005-2010, bajo gobiernos del PSOE andaluz, y afectan a ayudas concedidas a empresas privadas:
- Astraea Astilleros SL
- New Technology Chiller SL
Las resoluciones judiciales describen un patrón claro:
👉 decisiones arbitrarias, sin control técnico y con desprecio por el dinero público.
Sentencia 1: préstamos sin retorno y advertencias ignoradas
En la primera resolución (22 de enero), el tribunal condena a Pérez-Sauquillo a:
- 3 años y 6 meses de prisión
- 8 años de inhabilitación absoluta
- 300 000 euros de indemnización
El caso gira en torno a préstamos concedidos a Astraea Astilleros entre 2006 y 2008.
La sentencia es contundente:
- Se entregaron 150 000 euros “a sabiendas” de que no se recuperarían
- Los técnicos ya habían advertido que la inversión no era viable
- Se actuó bajo una “voluntad arbitraria”, ignorando los procedimientos internos
👉 Para el tribunal, ni siquiera puede hablarse de préstamo, ya que no existía intención real de devolución.
Además, los magistrados subrayan un punto clave:
ese dinero se detrajo de proyectos viables que podrían haber generado empleo y actividad económica.
Sentencia 2: ingeniería para esquivar controles públicos
La segunda condena (16 de marzo) revela un mecanismo más sofisticado.
Pérez-Sauquillo es condenado a:
- 1 año, 6 meses y 1 día de prisión
- Más de 532 000 euros de indemnización
El foco está en las ayudas a New Technology Chiller SL y su filial.
Según el tribunal:
- Se creó una empresa instrumental ficticia
- El objetivo era eludir el límite de control de 1,2 millones de euros
- Se concedieron préstamos sin informes técnicos ni análisis previo
👉 La investigación descubrió que el dinero fue prácticamente vaciado:
- De 400 000 euros concedidos, solo quedaban 18,31 euros en cuenta
- Los fondos acabaron en transferencias, efectivo y gastos personales
Facturas falsas y uso personal del dinero público
La sentencia describe un sistema aún más grave:
- Creación de empresas fantasma
- Emisión de facturas falsas por servicios inexistentes
- Desvío del dinero a familiares y sociedades vinculadas
Entre los usos detectados:
👉 compra de un coche para la esposa del empresario y sueldos para familiares
Todo ello bajo el conocimiento —según el tribunal— del máximo responsable de la entidad pública.
“Huida del Derecho administrativo”: el argumento desmontado
Ambas sentencias coinciden en un punto clave:
Aunque Invercaria operara bajo fórmulas de derecho privado,
👉 no podía eludir los principios básicos de la gestión pública:
- Legalidad
- Transparencia
- Igualdad y concurrencia
El tribunal es claro:
la discrecionalidad no puede convertirse en un “capricho” con dinero de los contribuyentes.
Además, recalca que Pérez-Sauquillo actuaba como funcionario público a efectos penales, por lo que sus decisiones estaban plenamente sometidas a la ley.
Seis condenas… y sin pisar prisión
Con estas resoluciones, el ex alto cargo acumula:
- 6 condenas en el caso Invercaria
- 6 absoluciones en otras piezas
Sin embargo, no ha ingresado en prisión, ya que la Audiencia ha suspendido su encarcelamiento por enfermedad grave.
Más de 832 000 euros de perjuicio público
El impacto económico total de estas dos piezas supera los:
👉 832 000 euros de dinero público mal gestionado o desviado
Una cifra que, según los tribunales, representa un “especial quebranto” para los intereses de los andaluces.
Un caso que reabre el debate político
El caso Invercaria vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda en España:
👉 la gestión de fondos públicos durante años de gobiernos autonómicos del PSOE en Andalucía
Las sentencias apuntan a un modelo donde:
- Se concedían ayudas sin control efectivo
- Se ignoraban informes técnicos
- Y se abría la puerta a redes clientelares y uso irregular del dinero público
Conclusión: corrupción, impunidad y desconfianza
Más allá de las cifras, el impacto es institucional:
cada euro malversado erosiona la confianza en las instituciones y perjudica a quienes sí cumplen las reglas.
Y queda una pregunta inevitable:
¿Cómo es posible acumular múltiples condenas por malversación y seguir sin ingresar en prisión mientras miles de ciudadanos afrontan con dureza el peso de la ley?
