WhatsApp y reuniones en Ferraz apuntan a maniobras del entorno de Leire Díez para influir en Interior, desacreditar a la UCO y agitar supuestos audios sobre el entorno familiar de Sánchez.
Mensajes internos sitúan presión política contra Interior
Las llamadas “cloacas” del PSOE presionaron al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, para que actuara contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que no había “limpiado” la Guardia Civil, la judicatura y la Fiscalía de elementos supuestamente hostiles al Gobierno.
Según conversaciones internas, el grupo formado por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la periodista Patricia López reprochó a Cerdán que, tras casi seis años de Ejecutivo socialista, no se hubieran tomado medidas contra lo que denominaban la “UCO política”, en referencia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga varias causas sensibles para el entorno del Gobierno.
Estas conversaciones se produjeron en abril de 2024, coincidiendo con los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, un episodio que sacudió la política nacional.
Los WhatsApp apuntan a un supuesto chantaje
Uno de los mensajes internos sostiene que el presidente del Gobierno se tomó ese tiempo porque “se le estaba chantajeando con hacer públicas las grabaciones de las saunas del suegro”, en referencia a Sabiniano Gómez.
Según el contenido de los WhatsApp, los participantes afirmaban disponer de “audio y documentación” sobre esos negocios y decidieron trasladar el material a Leire Díez, quien habría organizado una reunión con dirigentes del PSOE.
En ese encuentro, celebrado en Ferraz, participaron también:
- Antonio Hernando, entonces número tres del gabinete en Moncloa
- Juan Francisco Serrano, mano derecha de Cerdán
- Ion Antolín, director de comunicación del PSOE
Las reuniones fueron posteriormente confirmadas en sede judicial por el propio Cerdán y por el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, dentro de la investigación que analiza un presunto plan para recabar información comprometedora y desacreditar a mandos de la UCO.
Cerdán niega cualquier operación
Ante el juez, Santos Cerdán negó que existiera una maniobra para presionar a la Guardia Civil o al Ministerio del Interior. Según su testimonio, accedió a reunirse con los implicados porque le dijeron que tenían “información que afectaba al PSOE”.
Cerdán aseguró que el material aludía a audios del comisario José Manuel Villarejo, y recordó que esas grabaciones ya habían sido aportadas años antes al procedimiento judicial sin que Fiscalía ni juez apreciaran indicios de delito.
Investigación judicial por tráfico de influencias
La exmilitante socialista Leire Díez está investigada junto a Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en una causa que analiza supuestas maniobras para desacreditar a fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil.
El juez ha ordenado una prueba pericial para comprobar la autenticidad de los audios aportados por el fiscal Ignacio Stampa, correspondientes a una reunión entre Díez y Dolset. La investigada niega reconocerse en esas grabaciones y sostiene que podrían vulnerar su intimidad y el secreto de las comunicaciones.
Otra causa por contratos públicos millonarios
De forma paralela, Díez también figura como investigada junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el supuesto socio de Cerdán, Antxon Alonso, por una presunta trama de amaño de cinco contratos públicos valorados en 132 millones de euros.
La investigación, que sigue bajo secreto parcial, analiza posibles delitos de:
- Organización criminal
- Prevaricación
- Malversación de fondos públicos
- Tráfico de influencias
El levantamiento del secreto de sumario se prevé para el 7 de abril, fecha que coincidirá con el avance de otras causas sensibles como el caso Koldo, que afecta al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.
La Fiscalía archivó el contenido del pendrive
En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó recientemente las diligencias abiertas tras analizar el pendrive entregado por Díez en Ferraz. Tras un informe de la UCO, el Ministerio Público concluyó que no existían datos nuevos ni indicios de criminalidad.
Aun así, el cruce de WhatsApp, reuniones políticas y causas judiciales abiertas vuelve a situar al PSOE bajo presión, con acusaciones internas sobre intentos de influir en investigaciones policiales y judiciales.
El caso reabre un debate incómodo: ¿se trató de una estrategia política defensiva o de un intento de controlar a quienes investigaban al entorno del poder?
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