Las actas internas apuntan a un engranaje político-policial para frenar causas judiciales contra el PSOE, ofreciendo favores judiciales a cambio de información y ataques a investigadores.
Una trama para blindar al poder
Los documentos obtenidos revelan el funcionamiento interno de la llamada “cloaca del PSOE”, bajo la coordinación de Leire Díez y Santos Cerdán, con una misión clara: neutralizar y desacreditar a jueces, fiscales, la UCO y periodistas que investigan la corrupción que acorrala al partido y al presidente Pedro Sánchez.
Según las actas de una reunión del 10 de marzo de 2025, esta estructura habría ofrecido acercamientos directos con la Fiscalía, la Policía Nacional (CNP) y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para manipular procesos judiciales en curso.
Favores a cambio de ataques
El modus operandi era directo y peligroso: reclutar a personas inmersas en causas penales para que, a cambio de rebajas en acusaciones, ayuda procesal o reducción de condenas, proporcionaran información —real o inventada— con la que construir campañas de difamación contra los investigadores.
La finalidad: dinamitar procedimientos judiciales, alegando falta de imparcialidad y vulneración del derecho a la defensa, para así proteger al partido en el poder de escándalos de corrupción.
Presunto uso político de las instituciones
Los documentos describen tres vías de intervención:
- Reunión con Fiscalía — entonces bajo el fiscal general imputado Álvaro García Ortiz — para influir en investigaciones de la UCO.
- Acceso a la Policía Nacional para atacar a la Guardia Civil y manipular información.
- Vínculo directo con la directora de la Guardia Civil, para conocer y “tomar medidas” sobre el trabajo de unidades concretas.
Todo ello sugiere un uso partidista de las instituciones del Estado, un atentado directo contra la independencia judicial y policial, y una amenaza frontal a la democracia española.
Una cloaca que huele a Estado corrupto
El hecho de que una red política pueda ofrecer intercambios de favores judiciales con respaldo institucional apunta a un nivel de putrefacción institucional que debería encender todas las alarmas. Si se confirman estos extremos, no estaríamos ante un simple caso de corrupción, sino ante una operación para secuestrar el Estado de Derecho desde dentro.
En una democracia real, las instituciones protegen a los ciudadanos frente al poder, no al poder frente a la justicia. Si se normaliza que la Fiscalía, la Policía o la Guardia Civil puedan ser instrumentalizadas para salvar a un partido político, el mensaje es claro: la ley deja de ser un marco común y pasa a ser un arma en manos de quien gobierna. España debe decidir si quiere vivir bajo un Estado de Derecho… o bajo un Estado de parte.
