La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial alcanza un nuevo nivel. Diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han enviado una carta a la presidenta del organismo, Isabel Perelló, para que traslade al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, la “inconveniencia” de asistir al acto de apertura del año judicial presidido por el Rey Felipe VI.
Los vocales también denuncian los “ataques injustos e injustificados” de Pedro Sánchez y su Ejecutivo contra los jueces, acusaciones que consideran una grave amenaza para la independencia judicial.
El escándalo del Fiscal General y la apertura del año judicial
La polémica estalla porque García Ortiz está procesado por un delito de revelación de secretos, tras la filtración contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aun así, tiene previsto ocupar un lugar destacado en estrados y dirigirse públicamente al Rey Felipe VI y a los magistrados que deberán juzgarlo.
Los vocales advierten de que esta situación “no resulta apropiada y compromete inevitablemente la serenidad que el acto demanda”, recordando que cualquier subordinado suyo en idéntica situación habría sido suspendido de inmediato.
Sánchez contra los jueces: acusaciones sin pruebas
En la misma misiva, los vocales recuerdan que el presidente del Gobierno acusó en RTVE a jueces y magistrados de falta de imparcialidad, declaraciones que repitió ante la prensa internacional. La portavoz del Gobierno y el propio ministro de Justicia hicieron lo mismo los días posteriores.
Los firmantes califican esas palabras como “injustas, infundadas y dañinas para la confianza en uno de los pilares del Estado de Derecho”.
Exigen que Bolaños no se siente junto al Rey
Los vocales del CGPJ no se limitan a cuestionar al Fiscal General. También reclaman que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ocupe un lugar en estrados durante la ceremonia, como muestra de respeto a la separación de poderes.
“En defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece, pedimos visibilizar el rechazo a estos ataques y trasladar esta situación a la Jefatura del Estado”, subraya la carta.
La independencia judicial, en juego
Los vocales recuerdan que la independencia judicial, recogida en el artículo 117 de la Constitución, no es un privilegio corporativo, sino una garantía de libertad para todos los ciudadanos. Y advierten: “La deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo”.
Concluyen reafirmando su lealtad a la Constitución, su respeto al derecho de defensa del Fiscal General y su compromiso firme con la independencia judicial y la dignidad de los actos solemnes.
Reflexión final
Lo sucedido refleja un país donde el Gobierno, lejos de respetar la independencia de jueces y fiscales, los ataca cuando no se someten a sus intereses. Y ahora, pretende incluso que el Rey se vea arrastrado a esta degradación institucional.
¿Estamos ante un pulso político o frente a un asalto directo a la Justicia y a la monarquía constitucional?
