El juez de la ‘morcilla’ contra el PP, clave en la moción de censura de Sánchez, sufre un duro revés tras ser vetado por los vocales conservadores del CGPJ.
Un nuevo intento del PSOE por colocar a sus jueces afines en el Alto Tribunal choca con el muro del bloque conservador
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a ser el escenario de un choque frontal entre la independencia judicial y los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. El juez José Ricardo de Prada, conocido por su polémica sentencia en el caso Gürtel que sirvió como excusa para derrocar a Mariano Rajoy, ha sido vetado por el bloque conservador en su intento de entrar en la Sala Militar del Tribunal Supremo.
El juez que abrió la puerta de la Moncloa a Sánchez
De Prada no es un nombre cualquiera. Es el magistrado que, saltándose los cauces procesales, incluyó en su sentencia del caso Gürtel una frase lapidaria: que el PP tenía una «caja B» desde 1989. Esa «morcilla», sin acusación ni defensa, fue criticada incluso por el propio Tribunal Supremo, que tachó su redacción de «irregular» y carente de base jurídica. Sin embargo, fue la palanca perfecta para que Pedro Sánchez ejecutara su moción de censura y accediera a la presidencia del Gobierno.
Ahora, ese mismo juez pretendía colarse en una de las salas más delicadas del Supremo: la Sala de lo Militar, puerta de acceso a la Sala del 61, desde donde se tramitan las querellas contra magistrados y procesos tan sensibles como la ilegalización de partidos políticos. Su entrada ahí no era casual: forma parte del plan de blindaje judicial del sanchismo, pactado con socios como Junts y Bildu, bajo el disfraz de la lucha contra el «lawfare».
Conservadores frenan otra infiltración judicial del Gobierno
Según fuentes del CGPJ citadas por Libertad Digital, los vocales conservadores vetaron con rotundidad la candidatura de De Prada, al igual que hicieron con las propuestas de Sánchez para presidir las salas Penal y Contencioso: Ana Ferrer y Pilar Teso, también rechazadas. La estrategia es clara: no permitir la colonización ideológica del Tribunal Supremo.
Los nombres propuestos por el bloque conservador para las vacantes en la Sala Militar son Vicente Manuel Rouco y José Luis Concepción, ambos con amplio respaldo y trayectoria. Sin embargo, la izquierda judicial bloqueó el acuerdo, a la espera de una nueva ronda de negociaciones prevista para septiembre.
Sala Militar: el «retiro dorado» de la izquierda judicial
La Sala de lo Militar se ha convertido en un codiciado refugio para el poder judicial afín al PSOE. Con apenas una veintena de resoluciones al año por magistrado y elevadas prebendas, se ha transformado en un «retiro dorado» para figuras como Clara Martínez de Careaga, esposa del actual presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, o la ex fiscal general Dolores Delgado, cuyo nombramiento también ha generado escándalo.
El caso de Delgado es aún más turbio: presentó un recurso ante el TC por la anulación de su designación como fiscal de Sala Militar, y fue su propio marido, Conde-Pumpido, quien votó a favor de admitirlo, a pesar del evidente conflicto de interés.
Sánchez y su obsesión con controlar la Justicia
Esta nueva operación frustrada se suma a una larga lista de intentos del Ejecutivo de Sánchez por colocar piezas afines en los órganos clave del Poder Judicial, con el objetivo de neutralizar cualquier obstáculo legal a sus pactos con separatistas y aliados radicales.
La negativa a De Prada refuerza el muro de contención frente a la politización de la justicia, una batalla en la que el bloque conservador del CGPJ mantiene su papel como último bastión ante la deriva institucional promovida por el PSOE.
