Fuentes internas de Inspección de Hacienda han confirmado que el equipo de la Hacienda catalana ha advertido al Gobierno de Sánchez que la ATC tendrá un coste de recaudación por euro tributado un 80 % más elevado que la Agencia Estatal, tomando como referencia las diputaciones forales vascas, ya operativas y con experiencia acumulada. Al ser una hacienda totalmente nueva, la Generalitat necesita captar personal especializado mediante sueldos más altos, lo que disparará el gasto.
Para asumir estas funciones, la ATC requerirá un plan de fichajes que atraiga a inspectores y técnicos fiscales de la AEAT, premisa que obliga a incrementar retribuciones e incentivos. Por ello, la Generalitat exige al Estado no solo transferencias presupuestarias adicionales, sino también una disposición legal en la LOFCA que la excluya del régimen común, tal como sucede ya con País Vasco y Navarra.
El contexto político: una financiación “singular” negociada
El llamado modelo de financiación singular, pactado entre PSC y ERC, impulsa que Cataluña reciba gestión fiscal completa a cambio de contribuir a un fondo de solidaridad y financiar los servicios estatales prestados en su territorio. Según este pacto, en 2028 la ATC debería asumir funciones tributarias clave como la gestión parcial o total del IRPF.
No obstante, el proceso enfrenta importantes obstáculos en el Congreso –incluyendo el rechazo de inspectores de Hacienda que califican la medida de inconstitucional e inviable– y aún requiere modificaciones en la LOFCA y otras leyes del sistema financiero autonómico .
Un modelo con sobrecostes ocultos
El argumento central de la Generalitat se apoya en la comparación con el País Vasco, cuyo sistema foral arroja un sobrecoste en recaudación del 80 % respecto al modelo central. Este dato se corrobora con experiencias internacionales; en Alemania, por ejemplo, el coste por euro recaudado mediante sistemas regionales duplica o triplica el coste español con un sistema centralizado.
¿Quién paga este nuevo coste?
La Generalitat ya ha presentado al Gobierno central sus cálculos y reclama que sea el Parlamento quien apruebe las reformas legales necesarias y garantice los recursos económicos adicionales. ERC ha quantificado en miles de millones de euros el monto necesario para hacer viable la ATC tanto en recursos humanos como tecnológicos.
El plan planteado contempla:
- Contrataciones masivas, incluidas plazas para agentes tributarios y técnicos.
- Oficinas físicas temporales y sistemas informáticos.
- Incentivos salariales altos para atraer personal.
- Un nuevo régimen legal que permita la gestión autónoma de tributos estatales.
Una carga económica que recae sobre todos
La nueva Hacienda catalana tiene un coste directo estimado un 80 % más alto en términos de recaudación por euro tributado. La Generalitat ha exigido que el Gobierno central financie ese sobrecoste, lo que planteará un nuevo desafío presupuestario clave para la sostenibilidad del modelo autonómico y para la solidaridad tributaria del sistema común.
Este debate futuro se resolverá legislativamente, pero mientras tanto, la factura la acabaremos pagando entre todos los contribuyentes.
