El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por el llamado caso mascarillas, después de rechazar las cuestiones previas planteadas por sus defensas para que el procedimiento se remitiera a la Audiencia Nacional. La vista oral arrancará previsiblemente en abril, según las fuentes, tras Semana Santa.
La Sala de lo Penal desestimó las alegaciones presentadas en la audiencia preliminar del 12 de febrero, en la que ambas defensas insistieron en que el traslado de la causa a la Audiencia Nacional permitiría replantear el calendario del proceso, una petición que reiteraron también esta semana.
La Fiscalía pide 24 años para Ábalos y 19 y medio para Koldo
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo, mientras que las acusaciones elevan la petición hasta 30 años. Para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, piden 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.
Ábalos y Koldo permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre por un riesgo calificado de extremo de fuga. El juicio podría prolongarse entre seis y ocho semanas por el elevado número de testigos y pruebas.
Competencia del Supremo y pulso con Europa: el argumento de la defensa
La defensa de Koldo García cuestionó que el Supremo fuera competente para juzgar los hechos, alegando que el asunto debía pasar a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos a su escaño en el Congreso, una tesis a la que se sumó su defensa. Además, solicitó que se consultara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas en plena pandemia.
Tras el rechazo del tribunal, la defensa avisó de que acudirá en amparo al Tribunal Constitucional, presentará una queja ante la Comisión Europea y no descarta impulsar un procedimiento de sanción contra España.
Análisis: un caso que retrata la política de la impunidad
El movimiento para llevar la causa a la Audiencia Nacional se interpreta como un intento de ganar tiempo y reabrir el debate sobre el juez natural, mientras el país sigue pagando la factura política de lo ocurrido en la pandemia. Que el Supremo mantenga el pulso y fije el juicio pone el foco en una cuestión incómoda para el poder: si hubo presuntas comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, lo relevante no es el foro, sino la depuración total de responsabilidades, caiga quien caiga.
