La Comisión Europea cuestiona que la ley responda a fines legítimos y critica que fue fruto de un pacto político con Junts. También alerta de que puede impedir investigar el daño a fondos de la UE.
La amnistía llega al banquillo de Europa
La Comisión Europea ha roto su silencio sobre la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y lo ha hecho con dureza: cuestiona que responda al interés general, considera que pudo ser intercambiada por apoyos parlamentarios y alerta de su posible incompatibilidad con los valores fundamentales de la Unión Europea.
Durante la vista celebrada este 15 de julio en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en Luxemburgo, los servicios jurídicos de la Comisión afirmaron que la amnistía “no permite o dificulta” verificar si el procés causó daño a los intereses financieros de la UE, especialmente en el caso abierto por el Tribunal de Cuentas contra 33 ex altos cargos del Govern, entre ellos Carles Puigdemont y Artur Mas.
Bruselas ve un peligro institucional
El letrado de la Comisión, el español Carlos Urraca, fue contundente:
“La Comisión cree que este asunto plantea una cuestión importante: si es compatible con los valores de la UE conceder una amnistía a cambio de los apoyos para formar gobierno. La respuesta debe ser negativa”.
Este pronunciamiento público marca un cambio de actitud significativo de Bruselas, que hasta ahora había evitado comentar la norma impulsada por Sánchez para mantenerse en el poder tras las elecciones de julio de 2023, gracias al apoyo de Junts y ERC.
Una ley que “no responde al interés general”
Para la Comisión, la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) no busca la reconciliación social, como sostiene el Gobierno, sino que forma parte de un acuerdo político. Bruselas recuerda que España ignoró las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que instaban a un proceso dialogado y pausado antes de legislar una medida de este calibre.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, trató de minimizar los argumentos señalando que todas las leyes parlamentarias son fruto de acuerdos políticos. Pero la Comisión diferencia entre una ley negociada dentro del juego democrático y una norma que extingue responsabilidades penales a cambio de poder político, lo que podría vulnerar la separación de poderes.
¿Autoamnistía encubierta?
Aunque la figura de la “autoamnistía” no formaba parte explícita de las preguntas remitidas al TJUE, el debate ha emergido con fuerza durante la sesión. La Fiscalía Europea rechazó esa calificación, argumentando que no se trata de un “ejercicio de gracia arbitrario del poder Ejecutivo”, pero el TJUE ha mostrado interés en el concepto, lo que sugiere que la legitimidad democrática de la ley está bajo lupa.
Por su parte, el Gobierno español se escuda en que la norma fue aprobada por mayoría en el Parlamento, y se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional que valida su legalidad. Sin embargo, el TJUE podría pronunciarse sobre su compatibilidad con el derecho europeo, lo que abriría un frente judicial sin precedentes.
La amnistía con la que Sánchez compró su investidura llega a Europa y recibe un primer varapalo: Bruselas no ve interés general ni legitimidad democrática clara. Si el TJUE avala esta postura, el Gobierno podría enfrentarse a una tormenta jurídica europea sin precedentes.
