Una intervención policial en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, ha dejado un saldo escalofriante de más de 120 muertos, convirtiéndose en la operación más letal registrada en la historia reciente de Brasil. Lo que las autoridades han calificado como un «éxito» en la lucha contra el crimen organizado, ha sido denunciado por activistas, vecinos y organismos de derechos humanos como una verdadera masacre de civiles.
Bajo el lema «¡Basta de masacres!», miles de personas salieron a las calles de Río, Sao Paulo, Salvador y otras ciudades para exigir justicia. Las manifestaciones, protagonizadas por vecinos de las favelas, artistas, activistas y defensores de derechos humanos, visibilizaron el dolor y la indignación ante una acción que, según testigos, dejó cuerpos esparcidos en zonas boscosas, disparos indiscriminados y uso excesivo de la fuerza.
«Los policías vinieron a matar», denunció Ana Maria Pereira, joven de 18 años residente en Vila Cruzeiro. Las protestas se iniciaron en el campo de fútbol donde la estrella Adriano comenzó su carrera, convirtiéndose en un símbolo de resistencia popular.
El gobernador de Río, Claudio Castro, respaldó la operación y afirmó que fue un golpe efectivo contra el Comando Vermelho, una de las bandas criminales más violentas del país. Sin embargo, los carteles en las marchas decían otra cosa: «120 vidas perdidas, esto no es un éxito» y «Castro tiene las manos manchadas de sangre».
En medio de las críticas, la Policía Civil informó que de los cuerpos identificados, 42 tenían órdenes de captura y 78 presentaban antecedentes. No obstante, organizaciones como Human Rights Watch advirtieron graves irregularidades en la preservación de pruebas, la falta de custodia de escenas del crimen y la sospecha de ejecuciones extrajudiciales.
El presidente Lula da Silva, presionado por la comunidad internacional, anunció un proyecto de ley para endurecer las penas contra las organizaciones criminales, en un intento por responder tanto a la ola de violencia como a las acusaciones de permisividad desde sectores conservadores.
«Nos dispararon, no podíamos ni salir de casa», afirmó Lucas Azevedo, mototaxista. Junto a decenas de compañeros, participó de la marcha haciendo rugir sus motores por las calles estrechas de la favela, exigiendo respeto y justicia.
La concejala Mônica Benício, viuda de Marielle Franco, asesinada en 2018, condenó los hechos con un mensaje contundente: «Lo más aterrador es ver a una parte del país aplaudiendo esta barbarie».
El megaoperativo no solo deja un saldo trágico, sino también una profunda herida social, con implicancias jurídicas y políticas que podrían alcanzar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Brasil, nuevamente, se enfrenta al espejo de una democracia que tambalea cuando el Estado, en nombre del orden, traspasa los límites de la legalidad y los derechos fundamentales.
La pregunta que flota ahora en las calles de Brasil es clara: ¿Cuántos muertos más hacen falta para que cambie la política de seguridad en las favelas?
