El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha desatado una nueva tormenta institucional al señalar públicamente a los periodistas Federico Jiménez Losantos y Carlos Herrera, mientras defiende su polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende dar a los fiscales el control total de las investigaciones penales y limitar drásticamente la acusación popular.
Una reforma «histórica»… al gusto del Gobierno
El pasado 28 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de reforma del sistema penal español. Según Bolaños, se trata de una norma “histórica”, diseñada para trasladar la instrucción judicial de los jueces a los fiscales, rompiendo con un modelo que ha garantizado la independencia del poder judicial desde 1882.
Pero lo que el Gobierno presenta como “modernización” no es más que una centralización del poder en manos de la Fiscalía, un órgano jerárquico que responde directamente al fiscal general del Estado, y por tanto, al Ejecutivo. Un movimiento de control institucional que encendió las alarmas de jueces, fiscales y expertos en derecho, quienes han calificado esta maniobra como una amenaza directa a la separación de poderes.
Adiós a la acusación popular libre
Otro aspecto especialmente preocupante de la reforma es su ataque frontal a la figura de la acusación popular. Bolaños pretende restringir esta herramienta democrática para excluir a los partidos políticos y limitar su uso, alegando que se ha “politizado”.
Pero en la práctica, esto significa quitar a la sociedad civil una de las pocas vías de fiscalización del poder. Muchos de los casos más emblemáticos de corrupción —incluyendo los del propio PSOE— no habrían llegado a los tribunales sin la acción de acusaciones populares.
Señalando a la prensa libre: Bolaños apunta a Losantos y Herrera
En lugar de responder con argumentos jurídicos, Bolaños optó por grabar un vídeo y aparecer en medios para desacreditar directamente a los periodistas Federico Jiménez Losantos y Carlos Herrera. Les acusa de “difundir errores” sobre la reforma, en un gesto insólito de intimidación mediática por parte de un ministro de Justicia.
Este señalamiento ha sido interpretado por numerosos analistas como un intento de amordazar a la prensa crítica, en una estrategia cada vez más habitual en un Gobierno que no tolera el disenso ni la fiscalización externa.
Críticas transversales y oposición firme
Desde asociaciones judiciales hasta partidos de la oposición, las voces críticas coinciden: esta reforma es un desafío a la independencia judicial y un paso más hacia la colonización institucional por parte del sanchismo.
Incluso desde dentro del entorno progresista, algunos juristas alertan de que entregar la instrucción penal a fiscales nombrados por el Ejecutivo abre la puerta al uso político de la justicia. A esto se suma la fragilidad parlamentaria actual tras la ruptura con Junts, lo que pone en duda que la ley llegue a ser aprobada.
La perspectiva desde la derecha: una advertencia urgente
Desde una visión de defensa del Estado de Derecho, esta ofensiva de Bolaños no es una simple reforma legal, sino un intento de copar el aparato judicial y amordazar a la prensa independiente. La restricción de la acusación popular, combinada con el control fiscal, deja al ciudadano más indefenso que nunca frente al abuso de poder.
Que el ministro utilice recursos institucionales para señalar a comunicadores como Losantos y Herrera es una advertencia escalofriante sobre hacia dónde se dirige el Gobierno de Sánchez. La separación de poderes y la libertad de prensa están siendo socavadas a plena luz del día.
¿Qué viene ahora?
- El texto legal necesitará mayoría en el Congreso para seguir su curso legislativo, algo complicado en la actual coyuntura.
- La presión social y mediática crecerá conforme más sectores entiendan el verdadero alcance de esta reforma.
- Mientras tanto, el Gobierno lanza globos sonda, observa reacciones y testea hasta dónde puede avanzar su agenda de control sin romper el equilibrio institucional.
¿Reforma judicial o golpe institucional encubierto?
Lo que está en juego no es un cambio técnico en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino la arquitectura básica del Estado de Derecho en España. Con esta reforma, el poder político pone un pie en los tribunales y otro sobre la garganta de la prensa libre.
La derecha debe mantenerse firme: sin justicia independiente y sin libertad de expresión, no hay democracia real.
