El juez acusa a la esposa de Sánchez de obstaculizar la investigación y de falsear información en la causa que ya acumula cinco delitos.
La causa avanza pese a la propaganda del Gobierno
Mientras desde Moncloa se insiste en que el “caso Begoña” carece de recorrido, los escritos del juez Juan Carlos Peinado pintan un panorama cada vez más complicado para la esposa del presidente.
Gómez suma ya cinco imputaciones –entre ellas malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios– y ahora el magistrado considera probados los “intentos de ocultar datos y fechas” por parte de la investigada.
El papel de la asesora de Moncloa
La investigación se centra en el uso que Begoña Gómez habría hecho de Cristina Álvarez, directora de Programas de Presidencia, a quien convirtió en su asistenta personal para actividades privadas.
Según Peinado, sus funciones oficiales –gestión de agenda, correos y protocolo– se desviaron para favorecer negocios de la cátedra de Gómez en la Complutense, incluida la búsqueda de patrocinadores entre grandes empresas como Reale Seguros.
El juez ha ordenado ahora revisar el registro completo de llamadas entrantes y salientes de Álvarez, al considerar “imprescindible” esta diligencia ante los intentos de la defensa de Gómez de eludir la entrega de pruebas y manipular la información facilitada.
Testimonios y correos comprometedores
Uno de los testimonios más relevantes es el del ex vicerrector Juan Carlos Doadrio, quien aseguró haber mantenido abundante comunicación con Gómez y su asistenta. Declaró que Álvarez era la “persona de confianza” que siempre acompañaba a la mujer del presidente en la Universidad.
Asimismo, el juez cita un correo electrónico dirigido a Reale Seguros, en el que la asesora solicitaba la continuidad de la empresa como patrocinadora del máster. Un hecho que, según Peinado, excede claramente sus funciones en Presidencia.
Una red de intereses privados desde La Moncloa
El magistrado concluye que existen indicios suficientes para pensar que recursos públicos de Presidencia fueron desviados a favor de los negocios privados de Gómez, con el agravante de haberlo hecho desde una estructura institucional de poder.
Para Peinado, la relación personal y de confianza entre Gómez y su asesora explica el nombramiento “a dedo” y refuerza la sospecha de que se trató de un cargo al servicio de intereses privados y no del Estado.
Una defensa debilitada
La instrucción señala que Begoña Gómez ha mostrado falta de colaboración: desde negar conocer las acusaciones, hasta guardar silencio en interrogatorios o dilatar la entrega de documentos de la Complutense.
El próximo 11 de septiembre, Gómez volverá a declarar ante el juez. Será una cita clave en un caso que avanza sin tregua, pese a los intentos del Gobierno por negar la evidencia.
