El juez Juan Carlos Peinado estrecha el cerco sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al imputarle un quinto delito: malversación de caudales públicos. La citación está fijada para el 11 de septiembre, un día después de que comparezca su asistente de confianza, Cristina Álvarez, también investigada por el mismo delito.
De la querella de Vox a la imputación formal
La causa se originó en la querella de Vox, respaldada por asociaciones como Manos Limpias y HazteOír.org, en la que se denunciaban delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
Hasta ahora, Gómez figuraba como investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Con esta nueva resolución, Peinado apunta directamente a la posible utilización indebida de personal y recursos públicos para fines privados vinculados a la esposa de Sánchez.
La clave: correos, patrocinios y contratos
La Audiencia Provincial de Madrid ya había advertido de indicios graves:
- Correos de la asistente de Gómez a empresas privadas solicitando patrocinios.
- Uso de su cargo en Moncloa para actividades privadas.
- La relación con el Grupo Barrabés, beneficiado con contratos públicos.
En su auto, el juez destaca que el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez “sirvió a actividades privadas que buscaban mejorar con recursos públicos”.
Un caso que compromete a la Presidencia del Gobierno
Peinado subraya que podría haberse producido una desviación de fondos públicos en favor de intereses privados, dentro de una estructura institucionalizada de poder ligada a la Presidencia del Gobierno.
Por ello, ordena citar como investigadas tanto a Begoña Gómez como a su asistente Cristina Álvarez.
Un historial judicial cada vez más pesado
La esposa de Sánchez ya está siendo investigada por:
- Tráfico de influencias en favor de Barrabés.
- La gestión de la cátedra y másteres en la Complutense.
- La presunta apropiación indebida del software de esa cátedra.
- El polémico nombramiento de su asesora personal.
Ahora, con la imputación por malversación, Gómez suma un quinto frente judicial que amenaza con arrastrar a Moncloa al mayor escándalo de la legislatura.
