La esposa de Pedro Sánchez, investigada por malversación, alegó que su asesora solo le hizo “favores puntuales”. Pero los correos revelan una relación sistemática, directa y profunda con el aparato universitario para beneficiar su cátedra. La UCO ya rastrea el uso de recursos públicos para intereses privados.
Begoña Gómez ante el juez: dos minutos de silencio y un “favor”
El pasado lunes, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, compareció como investigada por un delito de malversación ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. La razón: el uso de recursos públicos y el cargo de Presidencia del Gobierno para impulsar su red de negocios personales en la Universidad Complutense.
En su escueta intervención, apenas dos minutos, se limitó a responder únicamente a su abogado, negándose a contestar tanto al juez como a las acusaciones populares. En su defensa, afirmó que Cristina Álvarez, su supuesta asesora, solo le prestó ayuda de forma “excepcional y esporádica”, como un favor entre amigas.
La realidad desmiente a Begoña: 230 correos cruzados con la Complutense
La versión de Gómez se tambalea: más de 230 correos electrónicos prueban una relación continuada entre Cristina Álvarez y el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio.
Una cifra imposible de justificar como “favor puntual”, sobre todo cuando esos mensajes muestran a Álvarez gestionando patrocinios privados para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía Begoña Gómez, y que ya ha sido señalada como un instrumento opaco de captación de fondos y tráfico de influencias.
¿Quién es Cristina Álvarez y por qué es clave?
Cristina Álvarez no es una asesora oficial de Begoña Gómez. Es, nada más y nada menos, que la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Es decir, una funcionaria pública con acceso directo al corazón de La Moncloa.
Su implicación en la gestión de agendas, actos, correos privados y, sobre todo, negocios vinculados a la cátedra universitaria de Gómez, configura un escenario de colaboración institucional para fines personales, lo que encajaría perfectamente en la definición de malversación y tráfico de influencias.
La estrategia de ocultación: Gómez intenta frenar el acceso a sus correos
El equipo legal de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la orden judicial que permite a la UCO acceder a sus correos de los últimos siete años.
Según su defensa, el análisis de esa correspondencia vulneraría sus derechos fundamentales, ya que podría contener “documentos íntimos”. Una excusa que pretende ocultar el uso de canales oficiales del Estado para desarrollar una red personal de intereses económicos.
¿Favores excepcionales o red de poder paralela?
La gravedad del caso reside en que la esposa del presidente habría convertido su posición institucional en una plataforma para construir influencia, captar dinero privado y beneficiarse políticamente, todo ello con el respaldo logístico y operativo de personal del Gobierno.
Una trama que se camufla bajo el relato de “favores personales” pero que empieza a parecerse peligrosamente a una estructura paralela de poder, sin control, sin fiscalización y en plena sede de la presidencia.
