La Comunidad de Madrid denuncia el bloqueo de la ley antiokupas por parte del Gobierno central y exige una legislación contundente contra la ocupación ilegal.
Jorge Rodrigo: «Es una cuestión de Estado»
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene «secuestrada» desde hace más de un año la ley antiokupas que fue aprobada en el Senado a iniciativa del Partido Popular. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha reclamado una legislación urgente que permita el desalojo inmediato en 24 horas, eleve las penas del Código Penal y prohíba el empadronamiento de okupas por parte de los ayuntamientos.
«No nos dejen solos. Esto es un asunto de Estado. Esto tiene que resolverse», ha declarado Rodrigo, exigiendo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que actúe para evitar los conflictos de convivencia generados por la ocupación ilegal en viviendas, especialmente en el parque público.
Críticas a la Ley de Vivienda y rechazo a las zonas tensionadas
Rodrigo también ha arremetido contra la «nefasta Ley de Vivienda» impulsada por el Gobierno central, que su formación ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La ha calificado de «populista e intervencionista«, y ha asegurado que «blanquea la okupación» sin resolver el problema del acceso a la vivienda: «No han puesto ni un ladrillo«, sentenció.
En este sentido, el Ejecutivo madrileño se niega a declarar zonas tensionadas, pese a las presiones del Gobierno central, al considerar que esta medida fomenta la subida de precios y reduce la oferta de alquiler, como ha ocurrido en ciudades como París, Berlín o Barcelona.
Defensa del derecho a la propiedad
El consejero ha defendido que el derecho a la propiedad está recogido en la Constitución española como un principio fundamental y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez lo vulnere sistemáticamente al permitir que delincuentes ocupen ilegalmente viviendas sin consecuencias.
Según datos del Gobierno regional, existen más de 2 500 viviendas sociales okupadas en Madrid y se han tramitado más de 4 000 denuncias por ocupación en los últimos tres años, cifras que, advierten, podrían ser incluso mayores por la falta de mecanismos eficaces de registro.
