La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso el pasado 13 de diciembre en la Conferencia de Presidentes de Santander la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias y una Ley de Coordinación de los Servicios de Extinción de Incendios. Su objetivo: reforzar la prevención, mando y reacción ante catástrofes.
Ocho meses después, mientras España sufre una ola de incendios con 40 focos activos y más de 150 000 hectáreas arrasadas, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin aplicar ninguna de esas medidas.
La propuesta de Ayuso: prevención y coordinación
En su intervención, Ayuso planteó medidas claras:
- Una Secretaría de Estado de Emergencias para reforzar la prevención y coordinación en catástrofes.
- Una Ley nacional de Extinción de Incendios y Salvamentos para aprovechar los 22 000 bomberos de los más de 120 servicios del país.
- Integrar la AEMET en el Ministerio del Interior para mejorar el seguimiento y predicción de riesgos climáticos y meteorológicos.
Todas estas propuestas fueron desoídas por Moncloa.
Sánchez: excusas y propaganda
Lejos de impulsar una estrategia nacional, Sánchez ha preferido culpar de los incendios exclusivamente al cambio climático. Tras interrumpir sus vacaciones —una semana después del inicio de los fuegos—, el presidente anunció que propondrá un “pacto de Estado por la emergencia climática”.
El contraste es evidente: mientras Ayuso proponía medidas concretas, Sánchez vende eslóganes vacíos.
Los datos desmontan el relato climático
El propio informe de Seguridad Nacional (2024) contradice el alarmismo climático del Gobierno:
- La superficie forestal afectada en 2024 fue de 47 711 hectáreas, un 54% menos que la media de la década anterior.
- La superficie arbolada quemada cayó un 65% respecto a la media.
Es decir, los incendios no siguen una tendencia apocalíptica como pretende Sánchez, sino que dependen de gestión, prevención y coordinación. Justo lo que Ayuso exigió… y Moncloa ignoró.
