El Principado de Andorra ha decidido endurecer de forma significativa las condiciones de residencia y la fiscalidad para youtubers, influencers y grandes patrimonios con el objetivo de frenar la grave crisis de vivienda que atraviesa el país y contener el fuerte crecimiento de población de los últimos años.
El Consejo General andorrano aprobó esta semana un proyecto de ley que modifica varias normas clave, entre ellas la legislación migratoria y la de vivienda. La iniciativa responde al fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario en un territorio muy limitado, donde la presión de la inversión especulativa ha disparado los precios y dificultado el acceso a la vivienda para la población local.
Según explica Fernando Navas, letrado del despacho Navas & Cusí, Andorra vive un “boom inmobiliario desorbitado” y la nueva normativa busca “frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda habitual”. En este sentido, el abogado subraya que se trata de una estrategia similar a la adoptada en otros países, “aunque en Andorra resulta más comprensible por su reducido tamaño y la intensidad del fenómeno”.
Peaje de 50.000 euros para autónomos e influencers
Uno de los principales cambios afecta a los trabajadores por cuenta propia, entre ellos youtubers e influencers. A partir de ahora, deberán abonar un peaje de 50.000 euros para obtener la residencia, una cantidad que deja de ser reembolsable y pasa a convertirse en un impuesto destinado a financiar servicios públicos como educación, sanidad, transporte o vivienda.
Se mantienen otros requisitos ya existentes, como la obligación de poseer una empresa en el país con al menos un 34% de participación y residir un mínimo de 183 días al año en territorio andorrano. Además, se incrementa del 3% al 6% el impuesto por la compra de vivienda, que se aplicará sobre el valor de la adquisición.
Las autoridades también endurecerán los controles migratorios y exigirán una actividad económica real y una presencia efectiva en el país para evitar residencias meramente fiscales.
Cambios en la ‘Golden Visa’
La reforma también afecta al régimen de residencia para grandes patrimonios, conocido como ‘Golden Visa’. La inversión mínima exigida para obtener este permiso se eleva de 600.000 euros a un millón de euros, pudiendo destinarse a inmuebles, participaciones en empresas andorranas, instrumentos financieros, fondos de inversión o depósitos no remunerados.
En el caso de la inversión inmobiliaria, el umbral mínimo por vivienda sube de 400.000 a 800.000 euros, con el objetivo de crear un mercado diferenciado y proteger el acceso a viviendas de precio medio para los residentes habituales.
Además, los solicitantes deberán abonar una tasa de entrada de 50.000 euros, no recuperable, y 12.000 euros adicionales por cada persona a cargo que obtenga la residencia.
Fiscalidad atractiva, pero más selectiva
Pese al endurecimiento de las condiciones de acceso, Andorra mantiene uno de sus principales atractivos: una fiscalidad muy competitiva. El impuesto sobre la renta tiene un tipo máximo del 10% para ingresos superiores a 40.000 euros, el Impuesto de Sociedades también se sitúa en el 10% y no existen tributos sobre el patrimonio, las herencias ni las donaciones.
Desde el Gobierno andorrano defienden que el objetivo no es cerrar la puerta a la inversión extranjera, sino hacerla “más selectiva” para garantizar un crecimiento sostenible y preservar la cohesión social, especialmente en zonas urbanas como Andorra la Vella, donde la presión inmobiliaria es más intensa.
