El TSJM rechaza frenar la sanción de Consumo mientras se decide el fondo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizar la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025. La plataforma pedía no pagar hasta que hubiese sentencia, pero el tribunal lo ha rechazado, según un comunicado del departamento que dirige Pablo Bustinduy.
Tras esta decisión, Airbnb aún puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.
65 122 anuncios bajo la lupa: licencias, números inválidos y publicidad engañosa
Consumo asegura haber detectado infracciones en 65 122 anuncios publicados por Airbnb, que fueron retirados de la plataforma en julio de 2025. El Ministerio sostiene que se anunciaron alojamientos turísticos sin licencia, en contra de normativas autonómicas que exigen mostrar el número de registro en la publicidad.
Además, afirma que algunos anuncios incluían un número de licencia o identificación que no coincidía con la numeración de los registros, o que se publicaban sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que califica como publicidad engañosa.
Por estos dos motivos, Consumo impuso una sanción grave de 63 980 311 euros, calculada como seis veces el beneficio que el Ministerio considera ‘ilícito’ por esas prácticas.
La batalla política: Consumo endurece el pulso contra plataformas
El expediente también incluye otras tres infracciones: incumplimientos en obligaciones de contratos a distancia por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión; presunta obstrucción al no suministrar datos durante la instrucción; y un supuesto incumplimiento de órdenes o medidas provisionales dictadas para evitar riesgos o lesiones a consumidores durante la tramitación.
Por estas tres conductas, el Ministerio impuso tres multas adicionales que suman 75 000 euros. Airbnb recurrió el conjunto de sanciones y pidió suspender el pago hasta la sentencia, pero la cautelar ha sido denegada.
Análisis crítico: el Gobierno señala a Airbnb mientras el problema sigue
La decisión del TSJM refuerza, de momento, la estrategia del Ministerio de Bustinduy: un enfoque de mano dura contra una plataforma a la que atribuye fallos masivos de control. El debate de fondo, sin embargo, es político: el Gobierno presenta estas multas como protección del consumidor, mientras crece la sospecha de que se usa el castigo ejemplarizante para trasladar la presión social por el precio de la vivienda a un enemigo fácil.
El caso ilustra el choque entre regulación autonómica, control administrativo y el modelo de negocio de las plataformas. La pregunta clave ahora es si el castigo económico servirá para mejorar la transparencia de los anuncios o si será otro capítulo del intervencionismo que aumenta titulares, pero no resuelve el problema estructural.
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