El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha vuelto a asignar 10,8 millones de euros en modificaciones presupuestarias a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participa Obras Públicas y Regadíos (OPR) —la constructora señalada por la Guardia Civil como parte de la trama de corrupción vinculada al PSOE y Santos Cerdán—, alegando “sobrecostes” en las obras del AVE a Cantabria.
Esta polémica se suma al reciente auto de la Audiencia Nacional que ordena demoler las obras ejecutadas en un tramo de la misma línea por considerarlas contrarias al derecho, reavivando la controversia sobre adjudicaciones, financiación pública y supervisión judicial.
Nuevas inyecciones millonarias a la UTE investigada
La UTE Torrescámara‑San José‑OPR, adjudicataria desde 2021 del contrato de construcción de la plataforma del AVE Palencia‑Aguilar de Campoo, ha registrado dos ampliaciones presupuestarias en los últimos años:
- 2,9 millones de euros en noviembre de 2023
- 5,9 millones de euros en diciembre de 2024
- 10,8 millones adicionales aprobados ahora por Adif, con el argumento de “sobrecostes”
El contrato original —de unos 65,5 millones de euros— ha crecido un 16,5 %, alcanzando un total de 74,4 millones de euros.
Patrones de adjudicación bajo sospecha
Los trabajos de esta UTE han sido objeto de críticas por parte de la Guardia Civil y la UCO. Aunque tuvo peor puntuación técnica que otra oferta rival (Vilor Infraestructuras), se impuso por precio, un patrón identificado también en otras adjudicaciones atribuidas al entorno de OPR.
La UCO interceptó comunicaciones vinculadas a Koldo García y Daniel Fernández Menéndez, directivo de OPR, que evidenciarían presiones para obtener contratos, incluso en tramos fuera del presente AVE.
Demolición ordenada por la Audiencia Nacional
En paralelo, el Juzgado número 4 de lo Contencioso‑Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de una asociación local contra Adif. El fallo señala que las obras realizadas en la línea son contrarias a derecho, ya que no se ajustan a los estudios informativos de integración ferroviaria en Palencia (2010 y 2018).
La sentencia ordena:
- El cese inmediato de la actuación
- La reposición de los terrenos al estado anterior a las obras
El Ayuntamiento de Palencia siempre apostó por un soterramiento del AVE por la ciudad, pero Adif ejecutó obras en superficie junto a zonas residenciales, provocando el conflicto que ahora acaba en demolición. El recurso de segunda instancia —pendiente de resolución— podría ratificar la medida definitiva.
Contratos con dinero europeo y riesgo de intervención de la Fiscalía
El contrato está financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación (Next Generation EU). Este detalle podría elevar el caso a la Fiscalía Europea, al tratarse de potenciales irregularidades con dinero comunitario.
Desde que Óscar Puente dirige el Ministerio de Transportes, se han seguido adjudicando contratos con fondos públicos y europeos a empresas vinculadas a OPR y a Levantina Ingeniería y Construcción, sumando al menos 2,2 millones desde que él asumió.
Un “monumento al despropósito”
Críticas de asociaciones locales y expertos señalan que el resultado de la línea —con sobrecostes, adjudicaciones polémicas y ahora demolición ordenada— evidencia una planificación deficiente y un despilfarro de recursos públicos bajo la supervisión del gestor ferroviario estatal.
Mientras tanto, la trama investigada sigue acumulando contratos pese a las irregularidades detectadas por las fuerzas de seguridad y los tribunales.
