La Fiscalía General del Estado, dirigida por el cuestionado Álvaro García Ortiz, ha rechazado investigar el trato a prostitutas implicadas en la trama del PSOE, a pesar de la petición expresa de la Asociación de Trabajadoras Sexuales.
Silencio institucional ante posibles delitos de proxenetismo
Susana Pastor, presidenta de dicha asociación, solicitó el pasado 21 de febrero de 2025 que se analizara la posible existencia de delitos como explotación sexual, proxenetismo y abusos en las actividades de la red vinculada a Koldo García e incluso José Luis Ábalos. La Fiscalía se negó rotundamente.
La respuesta oficial del organismo fue que «el caso Koldo ya es objeto de procedimiento judicial«, negándose a abrir una línea de investigación específica centrada en la situación de las mujeres implicadas.
La doble moral del sanchismo
La Fiscalía alegó que no podía interferir en la «normal actuación» de los órganos judiciales. Sin embargo, el caso Koldo no contempla ni investiga el trato a las prostitutas, a pesar de que su papel ha sido descrito como parte habitual de los servicios que utilizaban los miembros de la trama. ¿Por qué tanto miedo a mirar ahí?
La familia de Begoña Gómez, bajo el foco
Esta negativa se produce en un contexto aún más escandaloso: los negocios familiares de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, están directamente vinculados a la prostitución.
El suegro del presidente, Sabiniano Gómez, y varios de sus familiares, gestionaron al menos nueve prostíbulos y saunas en Madrid, León y Segovia durante décadas. Estos locales han estado envueltos en sentencias por imprudencia mortal, intervenciones por trata de personas, condenas por proxenetismo y multas por explotación laboral de mujeres extranjeras sin papeles.
En 2016, en el club Kilómetro Ochenta, regentado por el tío de Begoña, se descubrió una red que obligaba a mujeres a prostituirse. El encargado fue condenado, y varios proxenetas rumanos recibieron penas de más de 20 años de cárcel.
Prostitución, impunidad y poder
La Fiscalía de Sánchez no solo calla: protege. La negativa a investigar un posible entramado de explotación sexual en el corazón de una red política y económica vinculada al PSOE evidencia la impunidad institucional y la doble vara moral del Gobierno.
¿Cuántas pruebas más necesita la Fiscalía para actuar? ¿O simplemente no se toca lo que salpica a Moncloa?
