El Tribunal Supremo ha decidido paralizar temporalmente la causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta que se resuelvan los recursos presentados contra su procesamiento por revelación de secretos. La decisión, tomada por el juez instructor Ángel Hurtado, se justifica por «prudencia», aunque la ley no contempla expresamente este tipo de suspensión. ¿Prudencia… o protección?
Una justicia que pisa el freno cuando se toca al poder
La instrucción del caso reveló que García Ortiz habría filtrado a la prensa un correo confidencial de la defensa de un empresario investigado por fraude fiscal, con el objetivo de “ganar el relato” en favor del Gobierno. El correo se publicó en la Cadena SER un mes después, supuestamente por indicación del Ejecutivo. El delito: revelación de secretos. El objetivo: manipular la opinión pública. La consecuencia esperada: un juicio.
Pero no. Por ahora, el juicio queda congelado.
¿Por qué se frena el proceso?
El juez Hurtado reconoce que la ley no prevé esta paralización en estos términos, pero accede a la petición de las defensas. Según su argumento, sería un “contrasentido” avanzar sin que la Sala de lo Penal haya resuelto los recursos. Y mientras tanto, la apertura de juicio oral queda en el limbo.
¿Justicia igual para todos?
Mientras a cualquier ciudadano se le abre juicio con una simple imputación, el fiscal general del Estado —nombrado por Sánchez— recibe un tratamiento privilegiado, con parálisis de la causa y tiempo extra para una defensa política más que jurídica.
El origen del escándalo
La causa nació tras la filtración de un email confidencial de la defensa de José María González Amador, donde este empresario ofrecía declararse culpable de delitos fiscales a cambio de pactar con la Fiscalía. El fiscal general, según el juez, habría entregado este correo a un medio afín, vulnerando el secreto profesional y actuando, además, “por indicación del Gobierno”.
La gran pregunta
¿Está la justicia al servicio de la ley o del poder político? Si el Supremo termina revocando el procesamiento, no habrá juicio, no habrá responsabilidades, y todo quedará sepultado en la burocracia judicial. Pero si lo confirma, se abrirá una causa penal contra el fiscal general del Estado en ejercicio, algo inédito y demoledor para la credibilidad institucional del país.
¿Estamos ante un caso de independencia judicial o de impunidad institucional?
