El expresidente brasileño cumple prisión domiciliaria y ahora tendrá control policial reforzado tras hallarse un borrador de petición de asilo en Argentina.
Refuerzo de la vigilancia policial
El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este martes la “vigilancia permanente” sobre el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, al considerar que existe un riesgo de fuga.
La decisión supone reforzar la presencia policial frente a su residencia y evaluar incluso la incorporación de agentes dentro de la vivienda, como ha sugerido la Policía Federal, que considera insuficiente la sola vigilancia externa.
Uno de los motivos es que la tobillera electrónica que Bolsonaro porta como medida cautelar depende de la señal de telefonía móvil, lo que podría generar fallos o interferencias.
El “borrador” de un asilo en Argentina
La orden judicial responde a una solicitud del diputado Lindbergh Farias y se apoya en documentos hallados en un teléfono incautado al expresidente, donde se encontró un borrador de petición de asilo político en Argentina.
La defensa de Bolsonaro rechazó el señalamiento y aseguró que dicho borrador data de febrero de 2024, cuando el exmandatario aún no había sido imputado, por lo que no constituye un indicio de fuga.
Los cargos contra Bolsonaro
El expresidente será juzgado el próximo 2 de septiembre acusado de:
- Intento de golpe de Estado.
- Intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático.
- Participación en una organización criminal armada.
- Daños agravados y deterioro de bienes protegidos.
El mes pasado, el Supremo ya había impuesto medidas cautelares como la prohibición de usar redes sociales y el uso obligatorio de la tobillera electrónica. Poco después, se decretó su prisión domiciliaria al comprobarse que había incumplido algunas restricciones.
La trama internacional y el papel de Eduardo Bolsonaro
Paralelamente, la Justicia investiga al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, por presuntas gestiones en Estados Unidos para intentar frenar el juicio por golpismo contra su padre.
Según la investigación, Eduardo habría recurrido a sus vínculos con la ultraderecha estadounidense y el entorno de Donald Trump para presionar contra el Gobierno brasileño, llegando incluso a promover sanciones arancelarias del 50% contra Brasil.
La Policía Federal acusa a Bolsonaro de “coacción” al Supremo, mientras su defensa niega cualquier intento de obstrucción a la justicia.
El 2 de septiembre, Jair Bolsonaro enfrentará uno de los juicios más delicados de su carrera política, señalado como el principal responsable de una conspiración para impedir la llegada al poder de Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
