El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha lanzado un duro mensaje a los jueces del Tribunal Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena, emplazándolos a presentarse a unas elecciones en las listas de Vox o de cualquier otra formación para comprobar el apoyo popular que tendrían.
Críticas por la aplicación de la amnistía
En declaraciones Turull acusó a ambos magistrados de tener un “posicionamiento delirante de rebelión contra el poder legislativo y contra las urnas” por no aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas. Según el dirigente de JxCat, esta actitud judicial ha roto la división de poderes y dificulta fijar un calendario para el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña.
“No queremos poner más calendarios. Cuando hemos visto que Llarena y Marchena se han rebelado contra el poder legislativo… a partir de aquí veremos qué pasa. No buscaremos soluciones personales”, subrayó.
Turull recordó además que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de junio, dejó clara la validez de la amnistía, lamentando que el Supremo actúe aplicando lo que calificó como “código penal del enemigo”.
El futuro de Puigdemont
Respecto al papel que jugará el expresidente de la Generalitat, Turull insistió en que será Puigdemont quien decida su futuro político: “Un liderazgo como el suyo no lo tiene cualquier fuerza política”.
“Le pido que tenga el máximo papel, y en el que se pueda sentir más cómodo y más útil al servicio de la causa independentista. Con algunos jueces y magistrados que lo quieren desactivar políticamente, es más necesario que nunca que esté activo”, afirmó.
Preguntado sobre si Puigdemont debería convertirse en jefe de la oposición en el Parlament, Turull evitó concretar: “Se ha ganado todo el derecho a elegir la manera en la que se pueda sentir más útil de cara a la sociedad. Lo que no podemos es prescindir de su actividad y de sus reflexiones”.
Una nueva escalada política
Las palabras de Turull llegan en medio de la creciente tensión entre el independentismo catalán y el poder judicial, tras la interpretación restrictiva del Supremo sobre la amnistía. El choque institucional sigue condicionando el horizonte político en Cataluña y el futuro de Puigdemont.
