Carbón clandestino en Asturias: MITECO se enteró tras Cerredo
Transición Ecológica dice que no supo nada hasta marzo de 2025
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), a través del Instituto de Transición Justa, sostiene que el Gobierno del Principado de Asturias habría ocultado durante años la explotación de carbón en la región y que el Ejecutivo central no tuvo constancia de esa actividad hasta marzo de 2025, tras el accidente en la mina de Cerredo (concejo de Degaña) en el que murieron cinco trabajadores.
La documentación llega ‘lenta’ mientras se investiga la legalidad
Según fuentes del MITECO, tras conocer la existencia de esa actividad extractiva, el Ministerio ha venido solicitando formalmente información al Principado para identificar minas activas y verificar su legalidad. El problema, añaden, es que la entrega de la documentación por parte del Gobierno autonómico ‘es lenta’.
El informe del Principado: actividad clandestina y sin seguridad
Hace dos días, un informe del Servicio de Minas del Gobierno asturiano concluyó que en Cerredo se operaba de forma clandestina y sin medidas de seguridad, según la información publicada por RTVE: https://www.rtve.es/noticias/20260316/mina-cerredo-asturias-murieron-cinco-trabajadores-clandestina/16983377.shtml.
ANÁLISIS CRÍTICO: choque de relatos y responsabilidades
El caso Cerredo abre un choque político de alto voltaje entre administraciones: por un lado, el MITECO se presenta como ajeno a lo ocurrido hasta después del siniestro; por otro, el Principado queda en el foco por la supuesta falta de transparencia y por un informe interno que apunta a clandestinidad y ausencia de seguridad.
En términos políticos, la pregunta de fondo es incómoda: si la explotación era clandestina, ¿cómo pudo mantenerse durante años sin que saltaran alarmas efectivas? Y si la información ha sido ‘lenta’ desde que el Ministerio la reclama, ¿quién está controlando realmente el subsuelo y los permisos en una región con tradición minera? En una España donde la energía y la industria vuelven al centro del debate, el episodio alimenta la desconfianza: mucha retórica sobre transición, pero fallos graves cuando toca vigilar, inspeccionar y hacer cumplir la ley.
El Ministerio asegura que sigue recabando datos para identificar minas activas y comprobar su legalidad, mientras la investigación sobre Cerredo continúa.
