El Gobierno carga contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez y lo acusa de dañar la imagen de la justicia
La tensión entre el Ejecutivo y el juez Juan Carlos Peinado ha escalado a niveles inéditos. Desde Moncloa aseguran que el magistrado que instruye el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, es un “elemento nocivo” para la carrera judicial y que su continuidad supone una “indignación” para el Gobierno.
El pasado lunes, Peinado decidió imputar un quinto delito a Gómez, añadiendo malversación de caudales públicos a los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral. Una decisión que, según fuentes del Ejecutivo, ha encendido todas las alarmas en el entorno presidencial.
Un objetivo: apartar a Peinado
Desde hace más de un año, la estrategia de Moncloa pasa por forzar la salida del juez, bien a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid. “Lleva un año y medio buscando delitos donde no los hay. Se ha convertido en un ejemplo de juez pésimo”, señaló una fuente gubernamental.
El CGPJ comunicó este miércoles la apertura de diligencias informativas contra Peinado por presuntas irregularidades en la instrucción, tras dos denuncias del ministro Félix Bolaños. Sin embargo, todo apunta a que la investigación se quedará en una simple amonestación.
Bolaños, pieza clave en la ofensiva
El propio ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ya fue interrogado por Peinado en abril, lo que tensó aún más la relación entre el magistrado y Moncloa. El Gobierno considera que el juez actúa movido por intereses políticos y que su instrucción forma parte de una campaña orquestada por la derecha judicial, política y mediática.
En palabras de un alto cargo del Ejecutivo: “La causa contra Begoña Gómez existe únicamente porque es la esposa del presidente del Gobierno. Es un intento de derribar a Pedro Sánchez a cualquier precio”.
Crisis institucional abierta
La guerra abierta contra Peinado refleja la magnitud de la crisis institucional que enfrenta España. Mientras desde Moncloa se insiste en que el caso es un “ataque político sin base alguna”, sectores judiciales advierten de que el Ejecutivo está presionando para debilitar la independencia judicial.
Por el momento, el magistrado mantiene el rumbo de la investigación y el choque de trenes entre el Gobierno y la judicatura promete intensificarse en los próximos meses.
