El nuevo recargo fiscal a viviendas desocupadas entra en vigor en varias comunidades autónomas y desata una guerra frontal entre administraciones, propietarios e inversores.
Qué establece la nueva normativa
La reforma contempla:
- Recargo progresivo en el IBI para inmuebles vacíos más de 2 años.
- Registro obligatorio de grandes tenedores.
- Inspecciones municipales para comprobar ocupación efectiva.
- Incentivos fiscales si se destinan a alquiler asequible.
El Gobierno sostiene que la medida busca aumentar oferta y frenar la escalada de precios, especialmente en capitales y zonas costeras.
La respuesta del mercado
Asociaciones inmobiliarias advierten:
- Posible retirada de viviendas del mercado formal.
- Aumento de alquileres para compensar riesgo regulatorio.
- Desplazamiento de inversión hacia otros países.
Fondos internacionales han solicitado informes jurídicos ante posibles recursos por vulneración del derecho de propiedad.
Escenario abierto
El Tribunal Constitucional podría convertirse en árbitro final si se presentan recursos masivos.
Claves 2026: acceso a la vivienda, seguridad jurídica y equilibrio entre derecho social y propiedad privada.
