martes, marzo 3, 2026
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Registro policial en Sidenor por venta de acero a Israel

Registro policial en Sidenor por venta de acero a Israel

La Audiencia Nacional investiga presunto contrabando y posibles delitos graves

La Policía Nacional registra este martes las oficinas de Sidenor en Basauri por un presunto caso de contrabando relacionado con la venta de acero a una empresa de armamento de Israel, según fuentes citadas por RTVE. La actuación se enmarca en una investigación que afecta al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y a la cúpula directiva, por presuntos delitos de contrabando y por la supuesta complicidad con un delito de lesa humanidad o genocidio.

Según la información disponible, el registro está vinculado a la causa que dirige el juez instructor de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. Jainaga ya declaró en noviembre y sostuvo que cumplió la legislación vigente y que la venta de acero a Israel se produjo cuando no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con ese país, de acuerdo con la cobertura de RTVE.

Claves políticas: presión internacional y choque con la industria

El caso vuelve a colocar en el centro del debate el papel del Estado: por un lado, la persecución de un presunto contrabando; por otro, el uso de acusaciones de enorme carga política y mediática —como lesa humanidad o genocidio— que, de confirmarse o descartarse, marcarán la credibilidad del proceso.

También reabre una cuestión incómoda para la política española: cuándo una operación comercial pasa a convertirse en un asunto penal por el contexto internacional y qué margen real tienen las empresas para operar si las reglas cambian después, o si el foco se desplaza del cumplimiento formal a la lectura política del destino final del material.

Qué se sabe y qué falta por aclarar

Por ahora, lo confirmado es el registro en Basauri y el marco de una investigación por presuntos delitos, además de la posición pública del presidente de Sidenor sobre la legalidad de la operación en el momento en que se realizó. Falta conocer el alcance del material intervenido, la cronología completa de la venta y cómo encaja —según el instructor— en la figura de contrabando y en la eventual imputación por complicidad en delitos internacionales.

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