El mercado inmobiliario se ha convertido en un callejón sin salida: ahorros inalcanzables para comprar, alquileres que devoran el salario y una intervención política que ha agravado el problema en lugar de resolverlo.
Un mercado roto para una generación entera
La vivienda se ha transformado en el mayor problema económico y social de España. Comprar una casa exige hoy ahorros previos imposibles para la mayoría de jóvenes y familias medias, mientras que alquilar supone destinar más del 40 % del salario en muchas ciudades.
Lejos de ser un fenómeno coyuntural, el bloqueo del acceso a la vivienda es ya estructural, y amenaza con cronificar una generación dependiente, empobrecida y sin capacidad de planificar su futuro.
Comprar vivienda: ahorros irreales y crédito asfixiante
El encarecimiento sostenido de los precios, unido a tipos de interés elevados, ha levantado un muro infranqueable para el comprador medio. La entrada exigida por los bancos —entre el 20 % y el 30 % del valor del inmueble— está fuera del alcance de salarios que no han crecido al mismo ritmo que los precios.
El resultado es claro: sin ayuda familiar no hay compra posible, consolidando una brecha social cada vez más profunda entre quienes heredan patrimonio y quienes parten de cero.
Alquilar: el impuesto oculto sobre el salario
Si comprar es imposible, alquilar tampoco es una alternativa viable. En ciudades como Madrid o Barcelona, el alquiler medio absorbe una parte desproporcionada del sueldo, obligando a recortar en ahorro, consumo o directamente a compartir vivienda de forma indefinida.
Este escenario convierte el alquiler en un lujo, no en una solución transitoria, como debería ser en una economía sana.
Intervención política: menos oferta, más precio
La intervención del Gobierno de España en el mercado inmobiliario ha tenido un efecto contrario al prometido. El aumento de la inseguridad jurídica, los límites artificiales y la presión regulatoria han provocado la retirada de miles de viviendas del mercado del alquiler.
Menos oferta, en un contexto de alta demanda, solo puede producir un resultado: precios más altos. Una ley diseñada desde el despacho ha chocado con la realidad económica más básica.
El aviso del Banco de España: un problema estructural
Incluso organismos poco sospechosos de alarmismo, como el Banco de España, han advertido de que el problema de la vivienda en España no se resuelve con controles, sino con más oferta, seguridad jurídica y estímulos a la construcción.
Sin suelo, sin agilidad administrativa y sin confianza del inversor, no habrá viviendas suficientes, por muchas consignas políticas que se repitan.
Jóvenes atrapados y movilidad social bloqueada
La consecuencia es devastadora: emancipación tardía, caída de la natalidad, dependencia familiar y bloqueo de la movilidad social. La vivienda, que antes era un factor de estabilidad, se ha convertido en un muro que separa a los que pueden de los que no.
Una economía donde trabajar no garantiza un techo es una economía fallida, por mucho que los indicadores macro intenten disimularlo.
Conclusión: sin oferta no hay derecho a la vivienda
El problema de la vivienda en España no es el mercado, sino la distorsión política del mercado. Sin más construcción, sin seguridad jurídica y sin salarios ligados a productividad, comprar seguirá siendo imposible y alquilar un privilegio.
La pregunta ya no es si el modelo ha fracasado, sino cuánto tiempo más se va a insistir en recetas que empeoran el problema.
¿Puede sostenerse un país donde trabajar no basta para vivir bajo un techo propio?
