Fiscalía investiga a Albiol por el desalojo B9 en Badalona
Un macrodesalojo con 400 personas en la calle y una batalla política en marcha
La Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), por el desalojo del antiguo instituto B9, ejecutado el 17 de diciembre y que dejó en la calle a cerca de 400 personas, en su mayoría migrantes. La actuación se llevó a cabo mediante una orden judicial dictada a instancias del Ayuntamiento y ejecutada por los Mossos d’Esquadra.
El origen de las diligencias es una denuncia penal presentada el 24 de diciembre por el eurodiputado de los Comuns y abogado Jaume Asens, que atribuye al alcalde hasta cuatro posibles delitos vinculados al operativo. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso RTVE, se le acusa de delito de odio y de denegación de servicio público por motivos discriminatorios. De forma subsidiaria, también se le señala por posible desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa, en relación con decisiones políticas y declaraciones públicas de los últimos días.
La clave: si hubo alternativa real o solo un desalojo «de escaparate»
La apertura de diligencias se suma a otro frente judicial: en diciembre, la Fiscalía ya pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento a aclarar con urgencia si ofreció la ‘atención adecuada’ y una alternativa habitacional a los desalojados, tal como exigía el mandato judicial.
Mientras tanto, parte de los afectados continúa en situación precaria. Tras el desalojo, se informó de que decenas de personas seguían acampadas bajo un puente de la C-31, un síntoma de un problema que la política suele usar como munición, pero rara vez resuelve con eficacia.
Choque de relatos: seguridad, legalidad y el uso del «odio» como arma política
El Ayuntamiento de Badalona defiende la ‘escrupulosidad’ de la ejecución y asegura haber trabajado junto al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat. En el otro lado, los Comuns elevan el caso al terreno del delito de odio, una figura legal cada vez más presente en la confrontación política y que, en la práctica, también funciona como etiqueta para deslegitimar al adversario.
La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) describió la situación como ‘descorazonadora’ y alertó de que muchas personas vivían allí sin papeles, sin trabajo y «en breve sin un techo». A la vez, la FAVB subrayó que no es solo un asunto de inmigración, sino de pobreza, y calificó de ‘insostenible’ el impacto sobre el vecindario cercano al B9.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se puede exigir orden y cumplimiento de la ley sin que automáticamente se dispare la acusación de discriminación? Y, al mismo tiempo, ¿puede una administración impulsar un desalojo sin garantizar de forma verificable la atención exigida por un juez? Ahí es donde la Fiscalía dice querer mirar, en un conflicto donde los partidos ya han elegido bando.
