Una crisis sanitaria que expone los riesgos de la desregulación estatal
Argentina atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes tras la muerte de casi 100 personas por la administración de fentanilo contaminado en distintos centros de salud del país. El caso ha salpicado directamente al presidente Javier Milei y a su política de desregulación extrema, que ha reducido los controles sobre medicamentos importados.
El fentanilo, un potente analgésico usado en terapias intensivas, estaba infectado con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Según datos oficiales, al menos 300.000 ampollas defectuosas habrían sido distribuidas en 118 centros médicos. La cifra de pacientes expuestos se calcula en 45.000, lo que abre la posibilidad de más fallecimientos en los próximos días.
Familias exigen justicia
El escándalo estalló en medio de un clima social ya tenso, con protestas de familiares de pacientes discapacitados y oncológicos frente al Congreso. Ahora, se suman las familias de las víctimas del fentanilo, que denuncian negligencias estatales y piden explicaciones tanto al Ministerio de Salud como a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha exigido a la ANMAT que aclare qué medidas adoptó tras detectar irregularidades en la producción del medicamento. Legisladores opositores acusan al Ejecutivo de Milei de haber debilitado deliberadamente los controles sanitarios en nombre de la “eficiencia burocrática”.
Investigación judicial en marcha
El juez Ernesto Kreplak está al frente de la investigación y espera en los próximos días un informe clave del Instituto Malbrán. Este peritaje será determinante para definir la situación de 24 sospechosos vinculados a la producción y distribución del fármaco. Entre ellos figura Ariel García Furfaro, representante de Laboratorios Ramallo.
La abogada Adriana Francese, que representa a familiares de las víctimas, denunció que pese a los hallazgos de la ANMAT en noviembre pasado, “nunca se tomó ninguna medida contra el laboratorio”.
Un escándalo político y sanitario
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, intentó culpar a la ANMAT, aunque luego se retractó para evitar un choque interno en el Gobierno. El ministro de Salud, Mario Lugones, enfrenta fuertes críticas por la falta de financiamiento hospitalario y por no haber atendido advertencias de especialistas sobre la magnitud del problema.
El secretario del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Julio Dunogent, fue contundente:
“Esta catástrofe podría haberse evitado”.
La crisis, calificada por analistas como una “tragedia evitable”, amenaza con convertirse en el escándalo sanitario más grave de las últimas décadas en Argentina.
