El juez Antonio Piña ha decretado libertad con medidas cautelares para los tres detenidos en la operación vinculada al caso conocido como “operación Leire Díez”. Retirada de pasaporte y comparecencias quincenales serán las principales restricciones mientras continúa la investigación bajo secreto de sumario.
Libertad con condiciones tras comparecer en la Audiencia Nacional
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha acordado este sábado la libertad con medidas cautelares para Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
Las medidas impuestas incluyen la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante la autoridad judicial.
Esta decisión llega después de que los tres investigados hayan comparecido ante el juez en una causa que sigue bajo secreto de sumario y que investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal relacionados con presuntos amaños en adjudicaciones públicas.
Díez y Alonso no declararon; Fernández sí negó los hechos
Durante la comparecencia, tanto Leire Díez como Antxon Alonso optaron por acogerse a su derecho a no declarar, aduciendo que, al estar el proceso bajo secreto de sumario, no conocen con precisión los hechos que se les imputan ni han podido preparar adecuadamente su defensa.
Fuentes jurídicas señalan que podrían declarar más adelante una vez accedan al contenido de la causa.
Por su parte, Vicente Fernández sí contestó a las cuestiones planteadas por el juez y las partes, negando los hechos que se investigan. Afirmó que sí trabajó en Servinabar, empresa clave en las pesquisas, pero negó haber cometido delito alguno.
El núcleo de la investigación y los registros practicados
La causa mantiene su foco en el supuesto amaño de contratos públicos adjudicados a través de la SEPI y empresas vinculadas, como Servinabar, vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
En el marco de esta investigación, la UCO de la Guardia Civil ha practicado requerimientos de documentación y registros en diversas sedes institucionales y empresariales:
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Transición Ecológica
- Correos (sede nacional)
- Forestalia (registros en Madrid y Zaragoza)
Estas actuaciones forman parte de las diligencias ordenadas por el instructor para esclarecer si se produjeron irregularidades en adjudicaciones públicas durante los primeros años de la última década.
Una causa con múltiples frentes y posibles ampliaciones
Los tres investigados están imputados por delitos graves que incluyen:
- Prevaricación
- Malversación
- Tráfico de influencias
- Organización criminal
Además, Leire Díez figura en otra causa, conocida como el caso de las “cloacas del PSOE”, en la que la propia UCO investiga presuntas maniobras para sobornar a fiscales y mandos policiales con el objetivo de frenar investigaciones sobre corrupción vinculada al entorno del presidente del Gobierno.
La Fiscalía y el instructor prevén solicitar nuevas diligencias para seguir desentrañando si los investigados cometieron delitos relacionados con la trama y las adjudicaciones públicas.
Salida discreta de los investigados
Tras la comparecencia, los tres salieron de la Audiencia Nacional por la puerta trasera y subieron a un taxi que esperaba fuera, aparentemente detenido por personas de su entorno, en un gesto que ha sido interpretado por fuentes judiciales como un intento de evitar la atención mediática.
Leire Díez salió con la cara cubierta, tras pasar tres días en prisión preventiva antes de la decisión del juez.
Conclusión: la causa sigue viva pese a la libertad cautelar
Aunque el juez ha optado por dejar en libertad a los tres investigados con medidas cautelares, la causa principal continúa su curso con un abundante trabajo de análisis documental y comunicaciones intervenidas que, según fuentes jurídicas, podrían a llevar a nuevas imputaciones.
La decisión no pone fin a la investigación, sino que abre una nueva fase en la que Fiscalía, Guardia Civil y Audiencia Nacional continuarán intentando atar cabos sobre los mecanismos de adjudicación y posibles influencias indebidas sobre el uso de recursos públicos.
