El último informe de la UCO revela que la investigación de la trama de hidrocarburos menciona mensajes y gestiones que aluden a Félix Bolaños, Iván Redondo y un alto cargo del Govern balear, extendiendo la sombra del caso más allá de los habituales nombres de la política energética y económica. La red de corrupción investigada podría haber intentado influir en decisiones de altos cargos para obtener licencias y ventajas ilegales.
Un nuevo capítulo en la trama Hidrocarburos: nombres de alto nivel político
El informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto un nuevo frente en la ya compleja investigación conocida como trama de hidrocarburos. Más allá de los tradicionales acusados y documentos incautados, ahora **aparecen referencias explícitas en mensajes internos que aluden a llamadas a Félix Bolaños, entonces influyente ministro y figura clave en la Presidencia del Gobierno, e Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez.
Según los mensajes interceptados, el empresario implicado Koldo García Izaguirre menciona la posibilidad de contactar con ambos políticos como parte de gestiones para forzar reuniones y agilizar trámites administrativos vinculados a la concesión de licencias de distribución de carburantes.
Además, el informe de la UCO hace referencia a un contacto identificado como “Marc Pons”, jefe de gabinete de Transición Ecológica en las Islas Baleares, que habría participado en comunicaciones relacionadas con la aportación de documentación clave para obtener la licencia de Villafuel, una de las empresas centrales en la trama.
¿Qué es la trama de hidrocarburos? Un fraude millonario con ramificaciones políticas
La trama de hidrocarburos es una investigación judicial que indaga sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y corrupción en el sector de distribución y comercialización de carburantes en España.
Según la investigación, la red habría evadido más de 182,5 millones de euros en impuestos entre 2021 y 2024 utilizando empresas pantalla, mecanismos financieros opacos y testaferros para ocultar identidades y dificultar la labor policial.
Los principales imputados habrían estructurado este fraude mediante sociedades como Villafuel S.L. y Have Got Time S.L., utilizando también sobornos y favores —como la entrega de un chalet al exministro José Luis Ábalos— para “comprar voluntades políticas” que facilitaran la obtención de licencias y concesiones administrativas.
Mensajes que mencionan a Bolaños y Redondo: ¿influencia cruzada?
El informe de la UCO detalla intercambios entre Víctor de Aldama, principal cabecilla de la trama, y Koldo García, en los que García propone que se contacten figuras del más alto nivel político:
“¿Quieres que te dé el teléfono de Félix Bolaños y de Iván Redondo y Juan, el jefe de Gabinete de Industria, para que llame el de la empresa?”
Aunque la respuesta de De Aldama niega explícitamente la intervención, el simple hecho de que estos nombres aparezcan en un contexto de gestiones para lograr licencias pone en la mira a dirigentes que ocupaban cargos de máxima confianza en el Ejecutivo.
El informe subraya que tanto Bolaños como Redondo ocupaban posiciones relevantes en la Presidencia del Gobierno en ese momento, lo que eleva la gravedad de las sospechas y pide una investigación más profunda de estas alusiones.
Competencias atribuidas y el dedo en la trastienda política
Según la causa principal tramitada en la Audiencia Nacional, la persona aforada que determinó la competencia de la causa —en referencia a Ábalos como exministro— no tenía facultades para otorgar ni rechazar la licencia de Villafuel, que correspondía al Ministerio de Industria.
Sin embargo, la inclusión de gestiones informales y presionadas y la aparición de nombres de peso político complican aún más el panorama judicial y mediático.
El Supremo ya ha señalado en autos que el proceso administrativo tuvo “posible confección poco cuidadosa” y que la documentación fue introducida en el registro electrónico de manera apresurada, lo que podría indicar influencias externas e intervenciones no transparentes.
Relaciones con otros procedimientos y posibles ampliaciones de imputaciones
El caso de hidrocarburos está relacionado con otros procedimientos como el llamado caso Koldo, donde aparecen los mismos contactos entre empresarios y altos cargos públicos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado extender la investigación hasta 2026, con la expectativa de más imputaciones conforme avance el análisis de documentación y comunicaciones interceptadas.
Conclusión: un caso que sigue ampliando su alcance
El nuevo informe de la UCO no solo ratifica la existencia de una compleja red de corrupción y fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, sino que amplía el foco hacia figuras políticas de alto nivel y sus asesores más cercanos. Los nombres de Félix Bolaños, Iván Redondo y un consejero de Armengol elevan la polémica y obligan a replantear la dimensión real de la trama y su impacto en la credibilidad del Gobierno.
Esta investigación sigue su curso en la Audiencia Nacional, y con cada nuevo informe, la sombra de la corrupción en sectores estratégicos del Estado se hace más profunda y extensa.
