José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete del expresidente autonómico Carlos Mazón, y José Antonio Rovira, exconseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, comparecen este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión del desastre provocado por la DANA del 29 de octubre de 2024, una tragedia que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia.
El foco: la responsabilidad política en una catástrofe mortal
La comisión busca determinar las responsabilidades institucionales ante una catástrofe meteorológica que evidenció graves fallos de gestión y prevención por parte del gobierno autonómico de entonces. En especial, se investigan:
- Las decisiones políticas tomadas (o no tomadas) en las horas previas a la tragedia.
- La falta de suspensión de las clases en plena alerta roja por lluvias torrenciales.
- El retraso en el envío de alertas masivas a la ciudadanía.
José Manuel Cuenca deberá explicar su papel en la coordinación de la respuesta institucional, y qué comunicaciones mantuvo con Carlos Mazón y con otros altos cargos. También deberá aclarar por qué no se activaron protocolos de emergencia con mayor antelación.
Por su parte, José Antonio Rovira será interrogado por la polémica decisión de mantener abiertas las escuelas ese día, pese a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que alertaba de lluvias extremadamente intensas.
Omisiones, alertas tardías y decisiones que costaron vidas
El epicentro de la polémica está en el hecho de que la alerta masiva fue enviada a las 20:11 h, cuando muchas de las víctimas ya habían fallecido. El temporal arrasó municipios enteros en cuestión de minutos, dejando a miles de ciudadanos sin aviso ni margen de reacción.
Familiares de las víctimas aseguran que muchas muertes podrían haberse evitado si se hubieran aplicado los protocolos existentes a tiempo, y exigen explicaciones políticas y judiciales.
La tragedia que sacudió España
La DANA del 29 de octubre de 2024 ha sido calificada como uno de los mayores desastres climáticos en la historia reciente de España. Las lluvias torrenciales, acompañadas de vientos huracanados, colapsaron infraestructuras, carreteras y servicios de emergencia. La mayoría de las muertes se produjeron por ahogamiento en vehículos atrapados, viviendas inundadas y derrumbes.
El desastre dejó también centenares de heridos y desplazados, y provocó una oleada de indignación en la sociedad valenciana, que exige responsabilidades a todos los niveles.
¿Error humano o negligencia institucional?
La investigación parlamentaria tratará de esclarecer si lo ocurrido fue simplemente un fallo de previsión, o si existió una dejación de funciones que merece consecuencias penales y políticas.
Muchos ciudadanos no entienden cómo, con todos los medios disponibles, no se activó ningún plan de evacuación ni se cancelaron actividades escolares o laborales. La sensación generalizada es que se priorizó la normalidad política sobre la seguridad de la población.
¿Un antes y un después en la gestión de emergencias?
Estas comparecencias podrían marcar un punto de inflexión en la forma en que España aborda las emergencias climáticas. La comisión parlamentaria busca no solo repartir responsabilidades, sino evitar que una tragedia así vuelva a repetirse.
¿Fue el 29 de octubre de 2024 una catástrofe inevitable o el resultado de una cadena de negligencias políticas?
