Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos tras ser atacados a tiros a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca. El ataque, calificado como un “acto de terrorismo” por el presidente Donald Trump, generó una respuesta inmediata tanto en materia de seguridad como en el discurso político del Gobierno.
El autor del tiroteo fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021 a través del programa de evacuación humanitaria “Operación Aliados Bienvenidos”, tras la retirada estadounidense de Afganistán. Según las autoridades, actuó solo y también resultó herido en el enfrentamiento.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 14:15 hora local. Según el reporte policial, Lakanwal se aproximó a dos soldados en patrulla, disparó contra ellos y trató de huir. Ambos militares se encuentran en estado crítico. Testigos presenciales relataron escenas de pánico, disparos y una rápida intervención de los cuerpos de seguridad, que acordonaron la zona y evacuaron a los civiles cercanos.
Tras el ataque, Donald Trump ordenó el despliegue de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional en la capital, como refuerzo ante posibles amenazas. Además, suspendió las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos y culpó directamente al expresidente Joe Biden de haber permitido el ingreso del atacante. Trump describió al agresor como “un animal” y prometió que “pagará un precio muy alto”.
El FBI investiga el ataque como un hecho premeditado y dirigido contra miembros de las fuerzas armadas. Se investiga también la vinculación previa del sospechoso con agencias del Gobierno estadounidense, ya que habría trabajado en Afganistán en colaboración con la CIA, lo que motivó su evacuación al país hace cuatro años.
El caso reaviva el debate sobre los programas migratorios de acogida humanitaria, la seguridad nacional y el uso de tropas federales dentro del país. Críticos del Gobierno señalan los riesgos de convertir ciudades estadounidenses en espacios altamente militarizados, mientras defensores de la actual administración justifican las medidas como necesarias para garantizar el orden y la protección de los ciudadanos.
