Controversia: Magistrados impartieron curso antes de condenar a García Ortiz
¿Cuáles son los límites de la ética judicial?
Un hecho inquietante ha emergido tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte de tres magistrados del Tribunal Supremo: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. Estos jueces ofrecieron un curso en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía del Estado, una de las partes acusadoras en el juicio, justo la semana de la deliberación del fallo, lo que ha despertado serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Coincidencias alarmantes
Los magistrados, responsables de la inhabilitación de dos años y una multa de 7 200 euros impuestas a García Ortiz, se encontraron en la misma sede donde se discutieron sus acusaciones. Según un audio filtrado, Martínez Arrieta, presidente del tribunal, hizo comentarios jocosos sobre el cierre del curso justo antes de la sentencia, lo que levanta suspicacias sobre la seriedad del proceso judicial.
El curso, que se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre, fue coordinado por Del Moral y ofreció ponencias a más de 60 abogados del turno de oficio. Si bien el Supremo asegura que la participación de los magistrados en actividades formativas no infringe las normas de incompatibilidad judicial, las circunstancias llevan a cuestionar la ética y la transparencia del sistema judicial español.
¿Es suficiente el cumplimiento normativo?
La magistrada Victoria Rosell ha planteado la necesidad de una reflexión más profunda: «Es tan importante la imparcialidad como la apariencia de la misma». La corta ventana de tiempo para deliberar, mientras algunos magistrados estaban comprometidos con la docencia, pone en evidencia la posible falta de atención a los aspectos más delicados de la ética judicial.
Este episodio no solo echa sombras sobre la decisión del tribunal en el caso de García Ortiz, sino que también alimenta un debate más amplio sobre la responsabilidad de los magistrados en la formación de los abogados y su deber de mantener la integridad del sistema judicial.
