Dean Spielmann, abogado general del TJUE, avala la ley de amnistía del 1-O y niega que sea una autoamnistía, interfiriendo directamente en las competencias exclusivas de los tribunales españoles. Juristas alertan de un grave precedente.
Una injerencia sin precedentes del poder judicial europeo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vuelve a cruzar una línea roja en su relación con los Estados miembro. Esta vez, a través de su abogado general Dean Spielmann, ha emitido un dictamen que avala la Ley de Amnistía impulsada por Pedro Sánchez, negando que constituya una autoamnistía, a pesar de las claras evidencias políticas de intercambio de impunidad por poder.
En sus conclusiones, Spielmann afirma que la Ley se aprobó en un «contexto real de reconciliación política y social» y que “no vulnera los intereses económicos de la UE”. Con ello, blinda jurídicamente una medida que ha sido calificada por gran parte de la sociedad y de la judicatura como un atentado a la democracia y a la igualdad ante la ley.
Juristas denuncian que el TJUE invade la jurisdicción nacional
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital son tajantes: el abogado general está proponiendo al TJUE «resolver sobre un asunto que no le corresponde». La finalidad de una ley —especialmente una tan controvertida como la amnistía del procés— debe determinarla el tribunal nacional, no una instancia europea.
«Determinar cuál es el fin de la amnistía es una cuestión fáctica nacional. Si el TJUE se posiciona sobre ello, estaría asumiendo funciones que solo competen al tribunal español», denuncian las mismas fuentes.
¿Autoamnistía? El argumento que pretende blanquear lo inaceptable
En un intento por desvincular la ley del pago político a los golpistas, Spielmann sostiene que la LOA no protege directamente a quienes promovieron su aprobación, ni pretende blindar a representantes del régimen. Según él, la norma fue debatida en un “sistema democrático pluralista”, y su aplicación está sujeta a “control judicial”.
Pero esta interpretación obvia el hecho fundamental: la ley nace del pacto entre el PSOE y partidos separatistas —entre ellos ERC y Junts— que exigieron la amnistía como condición para investir a Pedro Sánchez. Un intercambio de votos por impunidad que desvirtúa cualquier apariencia de legalidad o reconciliación real.
Europa se convierte en cómplice del desmantelamiento del Estado de Derecho
El dictamen, aunque no vinculante, marca una línea ideológica preocupante: legitimar desde Bruselas lo que en España es visto como una humillación al poder judicial y una traición al Estado. Si el TJUE avala finalmente esta postura, sentará un precedente que permitirá a cualquier gobierno aprobar leyes que desactiven procesos penales contra sus aliados políticos.
¿Y si la amnistía fue un pago por la investidura?
La pregunta clave, que el TJUE sigue sin responder, es la siguiente:
«Si un tribunal nacional concluye que la amnistía fue el precio por la investidura, ¿eso sería compatible con el derecho europeo?»
Spielmann no lo aclara. Y esa omisión es, en sí misma, una declaración política.
