Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel, ha sido detenido de forma preventiva mientras sigue apelando la sentencia por “atentar contra la democracia”. La izquierda brasileña, con Lula da Silva al mando, sigue avanzando contra su principal adversario político.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido puesto bajo custodia policial en Brasilia tras más de 100 días en arresto domiciliario. El líder conservador sigue apelando la sentencia por la que fue condenado a 27 años de prisión por un supuesto intento de golpe de Estado. La maniobra judicial coincide con un endurecimiento represivo de la izquierda en Brasil.
La detención: medida “preventiva” sin orden firme
El abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, confirmó la detención sin dar detalles sobre los motivos. Fuentes próximas al caso aseguran que se trata de una medida preventiva derivada de su arresto domiciliario, sin que exista aún una orden definitiva del Tribunal Supremo.
Esta detención ocurre mientras el proceso de apelación sigue abierto, lo que ha levantado serias dudas sobre la legalidad y proporcionalidad de la medida. ¿Puede un país encarcelar a su líder opositor sin sentencia firme? En Brasil, con Lula al poder, parece que sí.
Una condena que huele a persecución política
En septiembre de 2025, la Corte Suprema brasileña condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, acusándolo de “planear un golpe de Estado” para impedir la asunción de Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
Bolsonaro fue señalado como el “líder” y “beneficiario” de un supuesto plan antidemocrático, aunque no se han mostrado pruebas concluyentes de una acción concreta violenta o armada organizada por él.
Mientras tanto, Lula y su entorno han consolidado el control político del país, incluyendo el dominio de los principales órganos judiciales, en lo que muchos consideran una estrategia de demolición del bolsonarismo por vías no democráticas.
Más de 100 días bajo vigilancia total
Antes de esta detención, Bolsonaro ya llevaba más de 100 días bajo arresto domiciliario. Fue acusado de violar medidas cautelares en un caso completamente distinto: el de haber pedido presuntamente ayuda a Estados Unidos para frenar las causas judiciales en su contra.
Durante este tiempo, se le prohibió el uso de redes sociales, aunque continuó recibiendo a aliados políticos. Su defensa pedirá que la pena se cumpla bajo arresto domiciliario, alegando problemas médicos graves: el expresidente fue apuñalado en 2018 y ha pasado por varias cirugías desde entonces.
Trump reacciona: “Una cacería de brujas”
El expresidente estadounidense Donald Trump, que mantuvo una relación estrecha con Bolsonaro, ha calificado el caso de “caza de brujas judicial”. Como respuesta, impuso sanciones al juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, y un arancel del 50 % a productos brasileños, que comenzó a revertirse este mes.
La sintonía entre ambos líderes refleja una preocupación internacional creciente por el uso político de la justicia en países dominados por la izquierda populista.
Bolsonaro ya estaba inhabilitado hasta 2030
Recordemos que Bolsonaro ya había sido inhabilitado políticamente hasta 2030 por el Tribunal Electoral de Brasil, acusado de abuso de poder durante su campaña de 2022.
Es decir, antes de ser encarcelado, ya se había excluido al principal líder conservador del tablero electoral brasileño. Un movimiento que refuerza la sospecha de que Lula da Silva y su entorno buscan destruir toda oposición real, utilizando al poder judicial como herramienta de eliminación política.
Conclusión: ¿Justicia o vendetta política?
Lo que está ocurriendo en Brasil marca un peligroso precedente para toda Iberoamérica: cuando los tribunales se convierten en brazos del poder político, la democracia pierde su esencia.
La persecución judicial contra Jair Bolsonaro no es solo un caso brasileño. Es una advertencia global: la izquierda ya no compite en las urnas… ahora gana en los tribunales.
