Álvaro García Ortiz, condenado y declarado inidóneo, se negó a dimitir y acudió al juicio luciendo su toga como si la ley aún no le alcanzara. Un símbolo perfecto de un Estado donde el poder ejecutivo usa la justicia como arma política.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por prevaricación mientras aún ejercía el cargo. No dimitió, no pidió disculpas, y se sentó en el banquillo vestido de gala. Un escándalo sin precedentes que revela hasta qué punto el Gobierno de Sánchez ha colonizado las instituciones.
Nunca se había visto algo así en democracia
España entra en territorio inédito. Por primera vez, un fiscal general procesado y condenado se aferra al cargo como si el código penal no le aplicara. Y lo hace avalado por el Gobierno que lo nombró y defendido por los medios afines que ahora claman “conspiración”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya lo había advertido: García Ortiz era “inidóneo” y su nombramiento incurría en “desviación de poder”. Pero el aviso cayó en saco roto. Pedro Sánchez necesitaba un fiscal obediente, no uno independiente. Y lo consiguió.
Ahora la justicia ha hablado. Dos años de inhabilitación por violar la ley desde lo más alto del Ministerio Fiscal. Pero la pregunta es: ¿quién dio la orden de no dimitir? ¿Quién le dijo que podía ir al juicio con toga y puñetas como si fuese una ceremonia, no un escarmiento?
El escándalo no es solo penal, es institucional
El fiscal general fue acusado, procesado y condenado por hechos cometidos durante el ejercicio de su cargo. En lugar de renunciar, compareció en el juicio como si aún fuese el jefe de la Fiscalía. ¿Qué otro país europeo permitiría tal burla al sistema judicial?
Para más gravedad, se ha documentado que borró pruebas de su teléfono móvil, sin que esto afectara su condena. Además, dejó frases demoledoras como:
“Si yo quisiera hacer daño a un espectro político tengo información de sobra”.
Una confesión explícita de chantaje político desde el corazón del sistema judicial.
Medios del régimen en pánico: la “bomba jurídica”
Los terminales mediáticos del sanchismo, desde TVE hasta tertulianos a sueldo, han reaccionado como era de esperar: minimización, victimismo y ataque a los jueces. Javier Ruiz, director de Mañaneros 360, llegó a decir:
“La verdad de verdad no se filtra. Sabemos que no fue el fiscal”.
Una frase que resume a la perfección la doble moral del progresismo mediático: si condenan a uno de los suyos, la justicia está manipulada; si acusan a un rival político, la justicia es infalible.
El PSOE y su fiscal de parte
Desde su nombramiento, García Ortiz fue más portavoz de Moncloa que garante de la ley. Era el hombre de confianza de Dolores Delgado, fiscal y ministra a la vez, pareja de Baltasar Garzón y símbolo de una justicia sometida al poder político.
Con su caída, el PSOE pierde un peón clave en la maquinaria de control institucional. Pero la estructura sigue intacta. Ahora apuntan contra el Tribunal Supremo, al que socialistas como Óscar López acusan de prevaricar. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un ataque al Constitucional si no les da la razón?
Tellado pone firme a RTVE: la oposición despierta
En medio del escándalo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se enfrentó en directo a la periodista Silvia Intxaurrondo, desmontando el relato victimista con datos y contundencia. Una escena que demuestra que la oposición ya no está dispuesta a callar ni a ceder espacios.
Lo que viene: reacción o rendición
Lo más grave no es la condena de García Ortiz. Lo más grave es que la reacción del sanchismo ha sido acusar a los jueces de golpistas. El mensaje es claro: si tocas a los nuestros, vamos a por ti. Y el que venga después, que se prepare.
Con esta sentencia, queda demostrado que el fiscal general actuaba como parte del Gobierno, no como defensor de la legalidad. Su condena es justa, pero su pena es leve. Si no se le expulsa de la carrera fiscal, el daño a la credibilidad del sistema será irreparable.
Conclusión
El sanchismo cae, pero no se rinde. Su fiscal ya ha sido condenado, pero su misión sigue viva en los despachos del poder, en las tertulias oficiales, y en las leyes hechas a medida. Hoy fue el fiscal. ¿Mañana, el juez? ¿Pasado, el Tribunal Constitucional?
España ya no es un Estado de Derecho. Es un experimento institucional donde la ley sirve al poder, y el poder persigue al que se le resiste.
