La adjudicación de emergencia a Azvi S.A. reabre la investigación sobre la trama socialista de obras públicas: en el móvil de Koldo García aparecen cinco constructoras más con posibles vínculos políticos. La UCO ya apunta a órdenes superiores dentro del Gobierno.
Una adjudicación de 14,9 millones de euros a dedo durante el mandato de Óscar Puente en Transportes reaviva el caso Koldo. La UCO localiza nuevos rastros societarios en su teléfono, con referencias directas a adjudicaciones públicas, y lo vincula a una estructura con ramificaciones en el Ejecutivo.
Óscar Puente y la adjudicación bajo sospecha
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desenterrado una nueva pieza clave del entramado político-empresarial socialista: el contrato de reparación de la línea C3 de Cercanías en Valencia, adjudicado de manera directa y urgente a Azvi S.A., una empresa con vínculos directos con Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos y figura central del escándalo de las mascarillas.
El contrato, de 14 951 244 euros, fue firmado en noviembre de 2024 por Adif, entidad dependiente del Ministerio de Transportes, ya entonces bajo el control del actual ministro Óscar Puente.
No se trata de una adjudicación cualquiera: la empresa ya figuraba en conversaciones intervenidas a Koldo, donde se mencionaban facturas mensuales por 6 000 euros sin contrato alguno con Azvi. En una de esas charlas, Koldo discute con su mujer, Patricia Uriz, sobre cómo encubrir esos pagos.
La UCO encuentra más pruebas: cinco empresas bajo el radar
El hallazgo del contrato no es un hecho aislado. En el teléfono de Koldo, la UCO ha detectado anotaciones manuscritas con indicaciones de adjudicaciones. En particular, una nota del 25 de mayo de 2022 refleja un aparente diálogo entre Koldo y Javier Herrero, en el que se nombran empresas del sector de la construcción como:
- LIC (Levantina)
- Mab
- Maygar
- Aldesa
- Azvi
- Copasa
Todas ellas, según la UCO, aparecen asociadas a posibles adjudicaciones dentro de la Dirección General de Carreteras. Este documento refuerza la tesis de que Koldo seguía operando incluso después de la salida de Ábalos del Ministerio.
Otra nota, fechada el 17 de noviembre de 2022, hace referencia a una obra en el Puerto de Valencia, relacionada con la instalación de placas solares y con un valor de 20 millones de euros. Según el contenido, el encargo “se resuelve el día 23” y se indica que “se puede empujar por ellos”, en clara alusión a influencias para condicionar el contrato.
No era cosa solo del PSOE: órdenes desde más arriba
La UCO lo deja claro en sus informes: Koldo García operaba con cobertura de “alguien por encima”. Y ese poder, advierten, no puede proceder exclusivamente del PSOE, sino del Gobierno. Porque los partidos no adjudican obras; lo hace la administración.
Este nuevo hilo de pruebas señala un sistema de adjudicaciones amañadas, donde el poder político decide a quién se le entrega un contrato multimillonario. Y detrás del telón, aparecen nombres como Óscar Puente, Javier Herrero y empresas que podrían actuar como tapaderas de comisiones.
Una red que podría extenderse por todo el Estado
Con esta nueva información, el caso Koldo se convierte en el epicentro de una red mucho más amplia de corrupción estructural en las obras públicas. Lejos de ser un caso cerrado, como pretendió hacer ver el Gobierno, cada nuevo hallazgo conecta a más cargos, más empresas y más millones.
El uso de fondos europeos en algunas de estas adjudicaciones añade un elemento explosivo: ¿están siendo desviados los fondos de recuperación para alimentar redes clientelares?
La maquinaria socialista bajo escrutinio
El caso Koldo ya no es un escándalo aislado de mascarillas. Es el símbolo de una estructura parasitaria de poder político, económico y administrativo, donde los favores, las facturas y los contratos a dedo se reparten entre afines, protegidos por el silencio institucional.
Si la justicia no actúa con firmeza y transparencia, este escándalo podría marcar el final de la confianza ciudadana en la limpieza del sistema de contratación pública.
