Una conversación grabada entre la fontanera socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el fiscal Ignacio Stampa revela una supuesta operación encubierta del entorno del PSOE para desprestigiar y amenazar al magistrado Manuel García‑Castellón, artífice de algunas de las causas más incómodas contra la corrupción política. El contenido de los audios apunta directamente al corazón del aparato judicial bajo control del Gobierno.
El PSOE y su cloaca: maniobra contra la independencia judicial
Durante más de tres horas de grabación, el empresario Pérez Dolset y Leire Díez conversan con el fiscal Ignacio Stampa. El objetivo era claro: crear un relato en el que el juez García‑Castellón aparezca como parte de una supuesta “conspiración” vinculada al PP, mientras se lavaba la imagen de los implicados socialistas.
En un momento clave de la conversación, Pérez Dolset lanza una frase escalofriante: “No va a tener un retiro tranquilo”, en referencia al juez ya jubilado, quien durante su carrera instruyó casos como Kitchen, Púnica o el caso Villarejo. Una clara advertencia que revela el clima de persecución contra quienes osaron investigar la corrupción del poder.
El juez que incomoda al poder socialista
García‑Castellón, ex titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, ha sido desde hace años un obstáculo incómodo para los círculos de poder. No sólo investigó redes de corrupción vinculadas al PP, sino que también tuvo acceso a documentación sensible que salpicaba a excomisarios, empresarios y, por supuesto, a altos cargos socialistas.
Es ahora, tras su jubilación en 2024, cuando se hace pública esta campaña de descrédito. Leire Díez y Pérez Dolset lo acusan de prevaricar, de cobrar sobornos y de colaborar con Villarejo, aunque sin aportar pruebas reales. En sus propias palabras, Díez asegura que “hay jueces que tienen un sueldo que se estira y se encoge”, insinuando sin fundamento que el magistrado vivía por encima de sus posibilidades.
Stampa revela el papel de García Ortiz en la purga judicial
El intento de seducción ideológica hacia Stampa no funcionó como esperaban. El fiscal recordó que quien realmente lo apartó de la Fiscalía Anticorrupción cuando investigaba el caso Villarejo fue el actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. “El que lo hizo todo fue Álvaro”, sentencia con firmeza.
En ese momento, Leire Díez intenta exculpar a García Ortiz, atribuyendo su actuación a órdenes de Dolores Delgado, anterior FGE y estrechamente vinculada a Pedro Sánchez. A Delgado se le atribuye influencia por su relación con Baltasar Garzón, acusado por los interlocutores de mantener negocios con Villarejo y de seguir cobrando “millonadas” por sus actividades legales y extrajudiciales.
Operación de control institucional: ¿justicia o venganza?
Todo apunta a que el PSOE, lejos de ser víctima de las llamadas cloacas del Estado, ha tejido su propia red de influencias para amedrentar a jueces incómodos. García‑Castellón no es un juez cualquiera: es una figura clave en las investigaciones que han tocado los nervios del poder socialista.
El hecho de que el juez se haya personado como perjudicado en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, es señal de que no está dispuesto a permitir que su honor y su trayectoria sean pisoteados sin consecuencias.
Una guerra dentro del Estado
Este escándalo pone en entredicho la separación de poderes en España. ¿Qué ocurre cuando desde el Ejecutivo se filtra información, se manipulan investigaciones o se amenaza directamente a miembros del Poder Judicial?
Si se confirma que altos cargos del PSOE están detrás de esta operación, estaríamos ante un caso gravísimo de intervención política en la justicia, más propio de regímenes autoritarios que de una democracia moderna.
Y si todo esto se archiva sin consecuencias, ¿cuál es el mensaje para los próximos jueces que quieran actuar con independencia? ¿Qué futuro le espera a un país donde la justicia se doblega al poder?
Reflexión final
La izquierda gobierna con el discurso de la “justicia social”, pero utiliza los resortes del Estado para perseguir a quienes no se arrodillan ante sus designios. Esta vez le ha tocado a un juez veterano, respetado y temido por su independencia. ¿El siguiente quién será?
¿Estamos ante un caso de independencia judicial o de impunidad institucional?
