La votación que el Partido Popular esperaba convertir en un golpe parlamentario contra Pedro Sánchez terminó girando a favor del Gobierno. El pleno del Congreso suprimió —por un solo voto— la enmienda pronuclear que los populares habían introducido en la Ley de Movilidad Sostenible. Y, una vez más, la abstención de Junts se convirtió en el salvavidas inesperado del Ejecutivo.
La escena dejó una imagen insólita: un PSOE celebrando una victoria ajustadísima en una materia en la que parecía condenado a perder. La abstención de Míriam Nogueras y su grupo —pese a su ruptura pública con Sánchez— fue definitiva.
El papel de Junts: entre su discurso y el cálculo político
El caso de Junts es especialmente llamativo. En Cataluña, los nacionalistas han defendido en reiteradas ocasiones la continuidad de Ascó y Vandellós, centrales que aportan alrededor del 60 % del consumo eléctrico de la región. Su abstención, en otras ocasiones, ha permitido sacar adelante iniciativas pronucleares.
Pero esta vez optaron por no apoyar la enmienda del PP. Nogueras alegó que Junts “siempre se abstiene” en esta materia y criticó que la redacción popular no garantizara adecuadamente los intereses catalanes. La decisión llegó el mismo día en que el abogado del TJUE emitió un dictamen favorable a las posiciones independentistas, lo que añadió un inevitable trasfondo político a la votación.
Qué habría cambiado si el PP hubiese ganado
A pesar de la tensión generada, la votación no suponía una prórroga automática de las centrales. La enmienda del PP pretendía eliminar del BOE las fechas previstas de cierre e introducir una cláusula que permitiera solicitar una nueva autorización con 18 meses de antelación, siempre bajo supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Es decir: el PP buscaba abrir la puerta a prolongar la vida útil de Almaraz, Ascó y Cofrentes, pero sin imponerlo directamente.
De haber prosperado, el resultado habría ejercido presión política significativa sobre el Gobierno, especialmente en plena campaña territorial. Sin embargo, el cierre o prórroga de las centrales depende en última instancia de los informes técnicos del CSN y de la decisión final del Ministerio de Transición Ecológica.
El futuro de Almaraz, el epicentro del debate
Almaraz se encuentra en el punto más crítico. Su cierre está previsto para otoño de 2027, un plazo extremadamente ajustado para la industria. Aun así, la central argumenta que cumple con todos los requisitos vigentes y que sus informes de seguridad están aprobados hasta 2030.
Fuentes del sector recuerdan que las empresas propietarias ya han iniciado los trámites para solicitar una nueva prórroga. Como buena parte de la documentación técnica ya está elaborada, el proceso sería más ágil que en ocasiones anteriores.
El Gobierno, sin embargo, se mantiene en silencio. En privado, en el PSOE reconocen que el expediente llega en un momento políticamente explosivo: con elecciones autonómicas a la vista y con Extremadura defendiendo públicamente la continuidad de la central para preservar sus 4.000 empleos directos e indirectos.
¿Qué viene ahora?
Con la enmienda del PP tumbada y el sector presionando, el futuro del calendario nuclear queda otra vez en manos del Gobierno. Lo que está claro es que:
- Junts vuelve a demostrar que puede sostener o derribar al Ejecutivo con un solo gesto.
- El PP pierde una batalla clave en un terreno donde esperaba erosionar al PSOE.
- La incertidumbre sobre el cierre nuclear continúa, ampliamente condicionada por informes técnicos, intereses territoriales y el clima electoral.
La energía nuclear, lejos de apagarse, sigue siendo uno de los debates más estratégicos y politizados del país.
