El Ministerio de Sanidad ha anunciado que iniciará acciones legales contra la Comunidad de Madrid por su negativa a presentar el registro de objetores de conciencia en materia de aborto, un requisito establecido por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2023. El plazo legal concluyó este viernes, momento en el que el Gobierno regional confirmó que no entregaría la información requerida.
La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de declararse “en rebeldía” y de actuar “al más puro estilo trumpista” por incumplir la normativa. En declaraciones al Canal 24H, García insistió en que “la ley se cumple” y criticó la “soberbia” y la “ignorancia” del Ejecutivo madrileño respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional y al derecho de las mujeres a decidir.
“Desprotección” a mujeres y objetores
La ministra señaló que la negativa de Madrid no solo supone un obstáculo para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública, sino que también “desprotege” a los propios profesionales objetores. García recordó que el Tribunal Constitucional exige un acto “activo e individual” para ejercer la objeción, lo que solo puede registrarse mediante un listado —anónimo y no público— como establece la ley.
“Alguien podría obligarte a practicar un aborto siendo objetor si no has manifestado formalmente tu postura”, advirtió, subrayando que el registro protege tanto a pacientes como a profesionales.
Asimismo, García criticó que Ayuso se haya quedado “sola” en su posición, recordando que comunidades como Baleares y Aragón han solicitado más tiempo para entregar sus registros, mientras que el resto del país se ha adaptado ya al marco legal.
Madrid responde: “Que lo decidan los tribunales”
La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, respondió asegurando que la región no creará el registro y que prefiere que sea la justicia quien determine si deben hacerlo. Matute defendió que en Madrid se garantiza que el aborto sea “legal, seguro y poco frecuente”, y acusó al Gobierno central de “sectarismo”.
“No se puede perseguir ni señalar a nadie por abortar o no hacerlo, ni por practicar un aborto o no hacerlo”, afirmó, asegurando que actuarán “con la Constitución en la mano” para defender la libertad de conciencia.
Datos de cribados: el PP cede tras la polémica
En otro frente abierto, la ministra de Sanidad confirmó que ya está recibiendo los datos de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix de todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, tras semanas de tensión. García celebró que los populares “dieran marcha atrás” en lo que calificó como una “rebeldía” que afectaba a la transparencia sanitaria.
La ministra insistió en que se trata de información básica que ayuda a evaluar la eficacia de los programas preventivos: número de personas citadas, participación, positivos y tratamientos.
Por último, criticó un proyecto piloto anunciado por la Comunidad de Madrid para automatizar las citaciones, advirtiendo que priorizar la rapidez sobre el seguimiento personalizado puede “romper el vínculo” entre paciente y profesional sanitario, y generar riesgos en la comunicación de diagnósticos sensibles.
