El órgano fiscalizador evidencia la “escasa relevancia” de las medidas del Ejecutivo en materia de vivienda y movilidad en la España rural.
El Tribunal de Cuentas ha puesto cifras a lo que muchos alcaldes, asociaciones y expertos venían denunciando: el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para combatir la despoblación apenas dedicó recursos reales a la vivienda en el medio rural. Según un informe del organismo fiscalizador, de los 13 millones de euros movilizados dentro del Plan de 130 medidas para el reto demográfico, solo el 0,8% se destinó a la construcción de nuevas viviendas.
Las conclusiones del Tribunal, presidido por la socialista Enriqueta Chicano, revelan una brecha profunda entre los anuncios del Ejecutivo y la ejecución real de los fondos asignados a la llamada España vaciada. El documento señala que las medidas de acceso a la vivienda y movilidad sostenible —consideradas prioritarias por el propio Gobierno— tuvieron un peso “poco significativo”.
Un plan de 10.000 millones que no llegó al territorio
El Plan de 130 medidas, diseñado por la entonces vicepresidenta primera Teresa Ribera, contaba inicialmente con 10.000 millones de inversión, ampliados posteriormente con otros 3.419 millones. Esta hoja de ruta representaba el 10% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la UE.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas concluye que el grueso del presupuesto no se tradujo en acciones efectivas sobre el terreno. Además del escaso 0,8% dedicado a vivienda, solo un 1,2% se destinó a movilidad, otro de los ejes estratégicos para fijar población en zonas rurales.
El informe apunta directamente a la falta de impacto real del plan y califica los esfuerzos en estas áreas como “insuficientes” y “de baja relevancia” dentro del conjunto de medidas financiadas.
El PP exige una nueva estrategia rural
Tras conocerse el informe, el Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno la elaboración de una “nueva estrategia nacional” para el mundo rural, con medidas específicas para territorios en riesgo de despoblación.
Los populares denuncian que el plan del Gobierno se ha quedado en “un paquete opaco, deficiente y desconectado de la realidad rural”, con recursos insuficientes, sin evaluación profunda y sin seguimiento.
A juicio del PP, este informe confirma que la lucha contra la despoblación “no ha sido una prioridad real” del Ejecutivo, y que no se ha producido ningún avance estructural que responda a las necesidades del medio rural español.
En su iniciativa parlamentaria, el partido de Alberto Núñez Feijóo pide que, en un máximo de seis meses, el Gobierno presente un nuevo análisis sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y que apruebe un estatuto básico para pequeños municipios que dote a estos territorios de un marco regulatorio adaptado a sus desafíos.
