domingo, noviembre 9, 2025
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El Supremo apunta a Sánchez: la trama de Ábalos se extendió a toda la Administración

El Tribunal Supremo ha determinado que la red de corrupción vinculada al exministro José Luis Ábalos no se limitó al Ministerio de Fomento —posteriormente Transportes—, sino que alcanzó a toda la Administración Pública, sugiriendo que la magnitud de la trama sería difícil de sostener sin el conocimiento o consentimiento del presidente Pedro Sánchez.

Según el auto del Supremo, la red “aprovechó el cargo que ostentaba Ábalos para influir en contratos públicos y extender su alcance al conjunto de la Administración”. Esta conclusión amplía significativamente el marco de investigación del conocido como caso Koldo, que ya salpica a varios altos cargos y empresarios próximos al exministro socialista.

El Supremo apunta a Sánchez

De asesor a pieza clave del engranaje

El documento judicial recuerda que Koldo García Izaguirre, antiguo conductor de Ábalos, fue nombrado asesor personal del ministro en junio de 2018, poco después de su llegada al Ejecutivo. El Supremo detalla que, gracias a la “relación de confianza” entre ambos, Koldo pasó a ocupar puestos estratégicos en organismos públicos como Puertos del Estado y Renfe, donde habría facilitado contactos y contratos a terceros a cambio de beneficios económicos.

El auto también cita al empresario Víctor de Aldama, quien, a través de su hermano —escolta del ministro—, estableció vínculos directos con Koldo y posteriormente con Ábalos. Este trío habría comenzado a operar conjuntamente a finales de 2018, utilizando la posición del ministro para abrir puertas en diferentes organismos públicos y promover contrataciones a medida.

Expansión y beneficios ilícitos

El tribunal subraya que las gestiones de la red no se limitaron a Transportes, sino que se extendieron a otros ministerios y dependencias del Estado. Esta ampliación del alcance de la trama es, según el Supremo, lo que compromete indirectamente al entorno presidencial, pues el tipo de acceso descrito “no habría sido posible sin cobertura institucional”.

Además, el auto revela la existencia de pagos mensuales en metálico a Ábalos y Koldo García, procedentes del empresario De Aldama, “en ocasiones en presencia del propio ministro”. En algunos casos, las transacciones se realizaron incluso en República Dominicana, donde De Aldama disponía de fondos líquidos para canalizar las comisiones.

Implicaciones políticas

Con esta nueva ampliación de los hechos, el Tribunal Supremo apunta a una trama con ramificaciones en toda la Administración central, no solo en un ministerio concreto. En consecuencia, el argumento de Pedro Sánchez sobre el desconocimiento de los hechos se vuelve “cada vez más difícil de sostener”, según fuentes judiciales consultadas.

El alto tribunal solicita continuar las investigaciones contra Ábalos, Koldo García e Ignacio Aldama por nueve posibles delitos, entre ellos cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal.

Mientras tanto, desde la oposición, el Partido Popular ha exigido que el PSOE sea apartado de la causa por su “evidente conflicto de intereses”, mientras Vox ha pedido la creación de una comisión parlamentaria para investigar la posible implicación directa de La Moncloa.

Contexto

El caso, conocido como “trama Koldo”, comenzó por la adjudicación de contratos públicos de material sanitario durante la pandemia, pero con el tiempo ha revelado una red mucho más amplia de tráfico de influencias y pagos irregulares.

La nueva resolución del Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, al situar el foco sobre el conjunto de la Administración y elevar la presión sobre el presidente Sánchez, que hasta ahora ha defendido que los hechos “se circunscriben a responsabilidades personales de Ábalos”.

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