El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha cerrado uno de los escándalos más graves detectados por la Sindicatura de Comptes: el pago indebido de 4,7 millones de euros entre 2019 y 2022 a jóvenes extutelados que continuaron recibiendo ayudas públicas cuando ya no tenían derecho a ellas. Algunos de los beneficiarios, según el informe, ni siquiera residían en Cataluña o habían conseguido empleo estable, pero seguían percibiendo los 780 euros mensuales previstos para menores en situación de desamparo.
El caso salió a la luz tras la denuncia de un trabajador de una de las empresas encargadas de fiscalizar estas ayudas. Según reveló, fue presionado para no informar sobre las irregularidades y llegó incluso a grabar a sus superiores, quienes le pidieron “hacer el trabajo sucio” y omitir los errores detectados en los informes.
A pesar de las evidencias, el Parlamento de Cataluña, con los votos de PSC, Junts, ERC, los Comunes y la CUP, ha decidido condonar la deuda a los beneficiarios que cobraron indebidamente, alegando razones de “justicia social”. La decisión se adoptó siguiendo un decreto impulsado por Illa, que considera el asunto “cerrado”. De esta manera, el Govern renuncia a reclamar los fondos pagados de forma irregular, bajo el argumento de que los receptores eran “los más desprotegidos”.
El escándalo afecta directamente a la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), dependiente del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que gestionaba los fondos en el periodo investigado. Este organismo fue desmantelado meses atrás y sustituido por la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), en un intento de reformar su estructura tras múltiples críticas.
El informe de la Sindicatura de Comptes apunta además a un entramado de empresas y organizaciones que gestionaban de forma simultánea la tutela de menores, el control de pagos y la certificación de plazas en centros de acogida y pisos tutelados. Todas ellas pertenecían al mismo grupo empresarial, lo que habría facilitado irregularidades como el cobro por plazas vacías o la duplicidad de pagos.
En 2018, el coste de cada plaza para un menor tutelado alcanzaba los 15.000 euros mensuales, mientras que los pisos asistidos pasaron de 36.000 euros anuales en 2019 a 50.000 en 2020, un incremento que el propio Departamento de Asuntos Sociales no ha sabido justificar. Aunque el Govern niega que nadie se haya enriquecido personalmente, admite que existieron “incidencias de gestión”.
A esta situación se suma la concesión de más de 300 millones de euros en créditos por parte del Institut Català de Finances a estas mismas entidades, para gestionar durante 75 años los derechos de uso de 500 viviendas destinadas a programas sociales. La Sindicatura alertó de graves deficiencias en la justificación del gasto y del uso de los fondos públicos.
Pese a la gravedad del caso, Illa ha optado por no señalar responsables y dar por resuelto el asunto: “Reformaremos la DGAIA, pero no miraré atrás”, declaró el presidente. Sin embargo, quedan millones de euros condonados y otros tantos sin justificar, lo que ha despertado la indignación de PP, Vox y Aliança Catalana, que votaron en contra de la condonación y estudian mantener vivo el caso en los tribunales.
