El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley que actualiza los criterios de tamaño empresarial, elevando los umbrales que determinan cuándo una empresa se considera pequeña, mediana o grande. La medida busca reducir las cargas contables y burocráticas que afectan a miles de negocios en España y adaptar la normativa nacional a la nueva Directiva Delegada (UE) 2023/2775, que revisa los límites europeos de acuerdo con la inflación acumulada en los últimos años.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó tras el Consejo de Ministros que el cambio “permitirá a miles de empresas acogerse a regímenes contables más simples, liberar recursos y reforzar su competitividad”.
Un alivio normativo para el 99% del tejido empresarial
De aprobarse en el Parlamento, la reforma tendría un impacto directo sobre las obligaciones financieras y contables que deben cumplir las empresas. En la práctica, muchas compañías que hasta ahora se clasificaban como medianas pasarán a ser consideradas pequeñas, beneficiándose de procesos administrativos simplificados.
Según estimaciones del Ejecutivo, alrededor del 98,5% de las empresas españolas, es decir, prácticamente todo el tejido productivo, podrá acceder a modelos contables reducidos. De manera particular, se calcula que unas 5.000 compañías situadas entre la categoría de mediana y gran empresa se verán directamente beneficiadas por los nuevos criterios.
Nuevos umbrales para ser considerada pequeña empresa
Hasta ahora, una empresa se consideraba pequeña si cumplía al menos dos de los siguientes tres requisitos durante dos ejercicios consecutivos:
- Tener un balance total igual o inferior a 4 millones de euros.
- Registrar un volumen de negocio neto igual o inferior a 8 millones de euros.
- Contar con un número medio de empleados igual o inferior a 50.
Con el nuevo anteproyecto, estos umbrales se amplían de manera significativa:
- El balance total máximo pasa a 7,5 millones de euros.
- El volumen de negocio neto aumenta a 15 millones de euros.
- El criterio de empleados se mantiene en 50 trabajadores.
Estos ajustes permitirán que miles de empresas que anteriormente se clasificaban como medianas pasen a formar parte del grupo de pequeñas, lo que se traducirá en menos exigencias de auditoría, menor carga informativa y reducción de costes administrativos.
Cambios también para las medianas empresas
En la normativa actual, una empresa se considera mediana cuando no supera dos de los siguientes tres límites:
- Balance total de 20 millones de euros.
- Volumen de negocio neto de 40 millones de euros.
- Número medio de empleados de 250.
El nuevo texto propone elevar dichos valores a:
- 25 millones de euros de balance total máximo.
- 50 millones de euros de volumen de negocio neto.
- Se mantiene el límite de 250 empleados.
Este incremento supone que el paso de mediana a gran empresa será más gradual, reduciendo el número de compañías obligadas a someterse a auditorías completas o a presentar información financiera ampliada.
Una medida alineada con la normativa europea
El Gobierno subraya que esta iniciativa no solo busca aliviar la carga de las pymes, sino también armonizar la legislación española con los nuevos criterios de la Unión Europea. La Directiva Delegada (UE) 2023/2775 ajusta los umbrales empresariales tras más de una década sin cambios, incorporando el efecto de la inflación y el crecimiento económico en el continente.
Pilar Alegría destacó que el objetivo de la medida es “modernizar el marco contable, facilitar el cumplimiento normativo y liberar recursos que las empresas podrán destinar a innovación y competitividad”.
Próximos pasos
El texto aprobado por el Consejo de Ministros deberá ahora superar el trámite parlamentario antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De confirmarse, el nuevo sistema de clasificación entraría en vigor en el ejercicio fiscal siguiente a su aprobación, beneficiando especialmente a autónomos y pequeñas empresas que actualmente soportan una alta carga administrativa.
El Ejecutivo prevé que esta medida contribuya a simplificar la gestión empresarial y mejorar la productividad, especialmente entre las pymes de rápido crecimiento, que son el núcleo del tejido económico español.
