La inflación en España sigue siendo motivo de preocupación para hogares y economistas. Durante julio, el precio del transporte combinado (que incluye trenes, autobuses y otros medios complementarios) registró un alarmante aumento del 25,8%, marcando el mayor incremento mensual en este sector en lo que va de año. Este repunte se produce en pleno periodo vacacional, coincidiendo con una fuerte demanda de desplazamientos y el encarecimiento de combustibles.
Los paquetes turísticos nacionales también experimentaron un incremento notable del 15%, reflejando no solo el aumento en costes logísticos y energéticos, sino también la alta demanda interna en un contexto donde los españoles priorizan viajes dentro del país.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) escaló hasta el 2,7% interanual, impulsado por el encarecimiento de la energía, el alojamiento y los servicios turísticos. Este incremento coincide con la retirada progresiva de las ayudas al transporte público implementadas durante la crisis energética de 2022, lo que ha derivado en un aumento de hasta el 6% en tarifas como las del metro y otros servicios urbanos.
Aunque la cesta básica se ha contenido con una subida del 2,7%, gracias a la bajada de precios en productos como el azúcar y el aceite de oliva, este alivio es parcial. El resto de bienes y servicios esenciales mantienen una tendencia alcista que erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Expertos advierten que, de mantenerse esta dinámica, la inflación podría consolidarse por encima del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo, lo que dificultaría la bajada de tipos de interés y encarecería el crédito. El impacto sobre las familias, especialmente aquellas con rentas medias y bajas, ya se siente en un menor margen para el ahorro y en un consumo más ajustado.
Con este panorama, el gobierno enfrenta la presión de encontrar medidas efectivas para contener los precios sin frenar la recuperación económica, en un momento clave para la estabilidad social y financiera del país.
